Boletín N°. 0673 Aprueban Comisión de Gobernación proyecto de nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
  • Se necesita una norma sólida y no posponer permanentemente los dictámenes: diputado Moreno Cárdenas

 

 

  • También avaló reformar la LEGIPE y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral

 

08-12-2021.- La Comisión de Gobernación y Población, que preside el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), aprobó el proyecto de dictamen para expedir una nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

 

También validó otro dictamen, a fin de modificar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral.

 

Moreno Cárdenas explicó que el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y abroga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada el 11 de junio de 2003, es un asunto que deviene del dictamen avalado el 14 de abril del 2021 por la Comisión de Gobernación y Población de la LXIV Legislatura, que fue turnado a esta instancia en octubre de 2021.

 

El legislador comentó que se necesita una ley fuerte que se pueda mejorar y no posponer permanentemente los dictámenes. Dijo que este tema se discute desde hace muchos años, y se han presentado propuestas muy importantes para fortalecer el combate a la discriminación.

 

Planteó discutirlo en el Pleno y, en su caso, volver a presentar propuestas para mejorarlo. “Lo que presenta es positivo y fortalece el tema de la discriminación, que se combata, que se atienda y se resuelva de manera inmediata y clara”, enfatizó.

 

Dijo que el dictamen corresponde al análisis de la iniciativa de la diputada Rocío Barrera Badillo, que busca fortalecer al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a fin de que sea la autoridad responsable de formular la política pública antidiscriminatoria y esté a cargo de impulsar la transversalización entre las dependencias y las entidades de la Administración pública Federal.

 

El objeto de la nueva ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política, así como promover la adopción de medidas que garanticen la igualdad sustantiva, el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.

 

Se incluyen definiciones de discriminación directa, indirecta, estructural o sistemática; actualiza el catálogo de conductas discriminatorias y modifica el procedimiento de quejas del Conapred.

 

El documento refiere que, tras realizar una revisión de constitucionalidad, legalidad y viabilidad, se elaboró un dictamen con diversas modificaciones de temas presupuestales que se deben discutir, “ello genera un compromiso de todos en esta Cámara de Diputados con este tema”.

 

En las consideraciones se reitera que hay coincidencias con los planteamientos de la promovente, pero que al revisar la profundidad, diversidad y trascendencia de las reformas, que impactan a más del noventa por ciento del texto vigente, y la complejidad de los ajustes que implicaría su adecuación, se afecta la actuación de la autoridad administrativa en perjuicio de las personas que se pretende proteger, lo cual es contrario a la función del Legislativo.

 

Por ello, se planteó la integración de esas propuestas en un nuevo ordenamiento que dote al Conapred de las herramientas necesarias en la prevención y eliminación de la discriminación.

 

Tendría un total de 109 artículos distribuidos en seis capítulos con las siguientes denominaciones: Capítulo I Disposiciones Generales, Capítulo II De las Conductas Discriminatorias, Capítulo III De la Política Pública de Igualdad y No Discriminación, Capítulo IV De las Medidas de Inclusión y Acciones Afirmativas, Capítulo V Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con 9 secciones, y el Capítulo VI Del Procedimiento de Queja, con 7 secciones.

 

Asimismo, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, específicamente en la desindexación del salario mínimo.

 

El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena), coordinador de la subcomisión de Información y Democracia, informó que se analizaron las iniciativas del diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN) en la LXIV Legislatura, y la del Congreso del Estado de Jalisco, las cuales fueron dictaminadas en la legislatura anterior y que la Mesa Directiva devolvió a esta Comisión para ser estudiadas y dictaminadas nuevamente.

 

Se dictaminan en conjunto porque coinciden en reformas a esos ordenamientos, con el objetivo de desindexar el salario mínimo y alinear su contenido a lo referido por el párrafo VI y VII del Apartado B del Artículo 26 de la Constitución Política, y del Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Carta Magna en esa materia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

 

Señala que el Congreso debe realizar las adecuaciones que correspondan en leyes y ordenamientos de competencia para eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, y sustituirlas por la referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que es procedente actualizar las leyes materia de estudio.

 

La diputada María Elena Limón García (MC) dijo que este dictamen contribuye a contar con una homologación decretada desde 2016, lo que brinda una base económica estable para el pago de obligaciones no calculada en el salario mínimo, que constantemente sufre modificaciones.

 

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que con estos cambios se incorporan unidades de medida más adecuadas, que están indexadas a elementos económicos, pero que darán más certeza al pago de las obligaciones de partidos políticos. “Sin embargo, creo que le hace falta un análisis económico del impacto que este cambio tendrá en las aportaciones y las multas que se aplicarán”, enfatizó.

 

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