28-04-2022.- La Comisión de Educación aprobó ocho dictámenes a igual número de proposición con punto de acuerdo que exhortan a autoridades federales, estatales y municipales, en torno a adeudos de escuelas por concepto de electricidad, acceso a la educación a niñas, niños y adolescentes, política nacional de educación inicial, igualdad salarial, inclusión digital y adeudos de escuelas de educación superior estatales, entre otros.

En reunión semipresencial, en un solo acto, las y los integrantes de la instancia legislativa avalaron, con treinta votos, los exhortos en sentido positivo.

El primer dictamen a la proposición con punto de acuerdo se aprobó con modificaciones. Exhorta a las 32 entidades federativas, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a que establezcan los mecanismos necesarios de coordinación para generar esquemas de suministro, pago y establecimiento de tarifas de energía eléctrica.

Agrega el resolutivo que se pretende que los planteles educativos públicos cubran el costo que consumen, especialmente aquellas escuelas que tengan adeudos o que no puedan liquidarlos.

La segunda propuesta de dictamen se acreditó también con modificaciones, a fin de exhortar a la Secretaría de Educación de Chiapas a que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice el acceso a la educación a niñas, niños y adolescentes; además, que asigne al personal docente requerido en la Comunidad Primera fracción Canolal, del municipio de Chenalhó.

Asimismo, para que esa dependencia haga de conocimiento público los procesos de asignación de docentes en el municipio de Chenalhó, de conformidad con el párrafo octavo del artículo 3o. de la Constitución Política.

El tercer punto de acuerdo reconoce el esfuerzo de la SEP por la emisión de la Política Nacional de Educación Inicial, y exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que trabajen de manera coordinada para asegurar la correcta implementación de este programa.

También se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a que realicen las acciones necesarias hacia el cumplimiento de los propósitos establecidos en la Política Nacional de Educación Inicial, como expandir la cobertura de estos servicios dando prioridad a niñas y niños en condición de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.

El propósito, refiere el resolutivo, es mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en las modalidades (escolarizada y no escolarizada) de educación inicial, además de promover en las familias el desarrollo de prácticas de crianza enriquecidas y vínculos afectivos sólidos.

La cuarta propuesta tiene el propósito de exhortar a la SEP y sus áreas respectivas a dar celeridad a la publicación de sus reglamentos, lineamientos y acuerdos derivados de la expedición de la Ley General de Educación.

El quinto exhorto, que se acreditó con modificaciones, pide a la SEP y sus homólogas de las 32 entidades federativas, revisar la viabilidad de homologar el pago de los docentes y trabajadores administrativos de los institutos tecnológicos descentralizados del país, a fin de garantizar la igualdad salarial, respetando la naturaleza jurídica y el régimen laboral de cada institución.

El sexto dictamen fue avalado con modificaciones y exhorta a las secretarías de Cultura y de Educación Pública a fortalecer las habilidades universales y capacidades cognitivas basadas en los marcos internacionales de la inclusión digital, ante la evidente aceleración de la transformación tecnológica de las comunicaciones y la información en México.

También se aprobó, con modificaciones, el séptimo dictamen, cuyo resolutivo plantea exhortar a las 32 entidades federativas a que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan la participación equitativa en materia de financiamiento de las instituciones estatales de educación superior para que puedan cubrir sus adeudos.

El octavo dictamen a la proposición con punto de acuerdo también se avaló con modificaciones; exhorta a la SEP, a sus homólogas en las 32 entidades federativas y a las autoridades municipales, mejorar la infraestructura escolar, su mantenimiento y las condiciones del entorno, promoviendo que contribuyan a los fines de la educación.

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