19-01-2022.- La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), aprobó siete dictámenes y opiniones a iniciativas de reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con 21 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, avaló el proyecto de decreto que adiciona una fracción II al artículo 21 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de requisitos para detentar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva.

La reforma precisa que el titular de la Secretaría Ejecutiva deberá contar con título de licenciatura en Derecho o carrera afín y experiencia profesional en materia de derechos humanos de, al menos, tres años al momento de su designación.

De Morena, la diputada Inés Parra Juárez, se manifestó en contra de la redacción del proyecto por considerar que hay personas con carrera de Derecho que tienen experiencia en procuradurías y que en algún momento violentaron derechos o tienen denuncias cuando ocuparon el cargo. Debe corregirse y agregar que no hayan trabajado en alguna fuerza pública o procuraduría.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que las funciones que lleva el secretario ejecutivo de la CNDH son muy específicas y requieren de cierta especialización y conocimientos de leyes, de Derecho o licenciaturas afines en humanidades.

También se aprobó por 22 votos a favor y una abstención el dictamen que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley de la CNDH, en materia de acciones de inconstitucionalidad, que plantea que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá entre sus facultades recomendar y coadyuvar con la persona titular de la Presidencia de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la promoción de acciones de inconstitucionalidad.

La Comisión avaló por 25 votos a favor y uno en contra el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para incluir la explotación sexual digital y elevar las penas de un mínimo de 7 años a un máximo de 10 años de prisión.

De Morena, la diputada Beatriz Rojas Martínez destacó la relevancia de este dictamen ante la situación y problemática que hay en redes sociales, que son parte del día a día, y donde se comete una gran cantidad de delitos que van desde la pornografía infantil hasta la trata de personas.

La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) dijo que elevar la penalidad trae como consecuencia que la persona señalada como infractor deberá enfrentar un proceso donde no pueda acceder a diversos beneficios que la legislación nacional proporciona. “No generemos una dinámica donde se piense que elevar las penas es hacer frente al problema”.

La Comisión aprobó también por 19 votos a favor y uno en contra su opinión en positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política, el párrafo segundo, fracción 111 del artículo 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y el párrafo primero del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de no discriminación hacia personal del sector salud.

De igual forma, avaló por 23 votos a favor y uno en contra la opinión en positivo de la iniciativa de decreto que adiciona un numeral segundo al artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de capacitación sobre derechos humanos, género y no discriminación a candidatas y candidatos a puestos de elección popular.

Por 20 votos a favor y cinco en contra, se aprobó también la opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, en materia de combinación de apellidos de los progenitores, sin un orden determinado, al momento de registrar al recién nacido.

Al respecto, la diputada Beatriz Roja Martínez resaltó que dicha modificación rompe paradigmas y contribuye a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La diputada del PAN, Mariana Mancillas Cabrera, dijo que modificar el orden de apellidos en documentos oficiales crearía lagunas legales y problemas para quienes lo realicen, incluso dentro de sus propias familias.

De Morena, la diputada Marisol García Segura indicó que esto ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que los madres y padres pueden decidir el orden de los apellidos de sus hijas o hijos.

La diputada María del Carmen Escudero Fabre (PAN) comentó que aunque el apellido que se elija sea el de la madre, este viene del abuelo o de un hombre, por lo que las propuestas abordadas deben llevar temáticas más solidez.

Por último, la Comisión aprobó con 24 votos a favor la opinión en positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en materia de hacer más eficientes las labores de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

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2022, Año de Ricardo Flores Magón

“LXV LEGISLATURA DE LA PARIDAD, LA INCLUSIÓN Y LA DIVERSIDAD”

Ciudad de México, a 19 de enero de 2022.

No.0867

Aprueba Comisión de Derechos Humanos siete dictámenes

La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), aprobó siete dictámenes y opiniones a iniciativas de reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Con 21 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, avaló el proyecto de decreto que adiciona una fracción II al artículo 21 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de requisitos para detentar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva.

La reforma precisa que el titular de la Secretaría Ejecutiva deberá contar con título de licenciatura en Derecho o carrera afín y experiencia profesional en materia de derechos humanos de, al menos, tres años al momento de su designación.

De Morena, la diputada Inés Parra Juárez, se manifestó en contra de la redacción del proyecto por considerar que hay personas con carrera de Derecho que tienen experiencia en procuradurías y que en algún momento violentaron derechos o tienen denuncias cuando ocuparon el cargo. Debe corregirse y agregar que no hayan trabajado en alguna fuerza pública o procuraduría.

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) señaló que las funciones que lleva el secretario ejecutivo de la CNDH son muy específicas y requieren de cierta especialización y conocimientos de leyes, de Derecho o licenciaturas afines en humanidades.

También se aprobó por 22 votos a favor y una abstención el dictamen que reforma y adiciona el artículo 19 de la Ley de la CNDH, en materia de acciones de inconstitucionalidad, que plantea que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional tendrá entre sus facultades recomendar y coadyuvar con la persona titular de la Presidencia de la

Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la promoción de acciones de inconstitucionalidad.

La Comisión avaló por 25 votos a favor y uno en contra el dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para incluir la explotación sexual digital y elevar las penas de un mínimo de 7 años a un máximo de 10 años de prisión.

De Morena, la diputada Beatriz Rojas Martínez destacó la relevancia de este dictamen ante la situación y problemática que hay en redes sociales, que son parte del día a día, y donde se comete una gran cantidad de delitos que van desde la pornografía infantil hasta la trata de personas.

La diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) dijo que elevar la penalidad trae como consecuencia que la persona señalada como infractor deberá enfrentar un proceso donde no pueda acceder a diversos beneficios que la legislación nacional proporciona. “No generemos una dinámica donde se piense que elevar las penas es hacer frente al problema”.

La Comisión aprobó también por 19 votos a favor y uno en contra su opinión en positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política, el párrafo segundo, fracción 111 del artículo 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y el párrafo primero del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de no discriminación hacia personal del sector salud.

De igual forma, avaló por 23 votos a favor y uno en contra la opinión en positivo de la iniciativa de decreto que adiciona un numeral segundo al artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de capacitación sobre derechos humanos, género y no discriminación a candidatas y candidatos a puestos de elección popular.

Por 20 votos a favor y cinco en contra, se aprobó también la opinión favorable a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, en materia de combinación de apellidos de los progenitores, sin un orden determinado, al momento de registrar al recién nacido.

Al respecto, la diputada Beatriz Roja Martínez resaltó que dicha modificación rompe paradigmas y contribuye a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La diputada del PAN, Mariana Mancillas Cabrera, dijo que modificar el orden de apellidos en documentos oficiales crearía lagunas legales y problemas para quienes lo realicen, incluso dentro de sus propias familias.

De Morena, la diputada Marisol García Segura indicó que esto ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que los madres y padres pueden decidir el orden de los apellidos de sus hijas o hijos.

La diputada María del Carmen Escudero Fabre (PAN) comentó que aunque el apellido que se elija sea el de la madre, este viene del abuelo o de un hombre, por lo que las propuestas abordadas deben llevar temáticas más solidez.

Por último, la Comisión aprobó con 24 votos a favor la opinión en positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en materia de hacer más eficientes las labores de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.

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