• Se trata de tres dictámenes que modifican la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

03-02-2022.- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que preside la diputada Karen Castrejón Trujillo (PVEM), aprobó tres dictámenes con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Las modificaciones son en materia de contaminación acústica, albergues, centros de atención y refugios para animales y de sustitución de plaguicidas.

El primer dictamen es a la minuta con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI Ter al artículo 3°, y un artículo 156 Bis a la citada ley, para establecer que se entenderá por contaminación por ruido: todo sonido generado por actividades humanas que, por su intensidad, duración o frecuencia, implique riesgo, molestia, perjuicio o daño para las personas, otros seres vivos, el ambiente, o los que superen los niveles fijados por las normas oficiales mexicanas.

Por lo que hace al nuevo artículo 156 Bis, plantea que, en materia de contaminación por ruido, la secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para el establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo del ruido. Además, que los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México realizarán los monitoreos necesarios para la prevención y el control de la contaminación por ruido.

La diputada Castrejón Trujillo explicó que la reforma establece la definición de “contaminación por ruido” y faculta expresamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para expedir normas oficiales mexicanas en la materia, y propone instrumentar sistemas de monitoreo del ruido como mecanismos probados con éxito en materia de contaminantes atmosféricos.

Al referirse al dictamen, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PRI) señaló que este tema se ha postergado por varios años y expresó la importancia de votar a favor, especialmente por lo del monitoreo, “porque el ruido afecta a muchas colonias”.

El segundo dictamen, adiciona un párrafo séptimo al artículo 87 Bis 2 de la misma ley, para estipular que los albergues, refugios, asilos y demás instalaciones destinadas al resguardo temporal o permanente de animales, deberán contar con personal capacitado y condiciones adecuadas de acuerdo con cada especie, para garantizar el trato digno y respetuoso a los animales, en los términos de la normatividad aplicable.

La presidenta de la Comisión señaló que con este dictamen se desahogan dos iniciativas, que buscan regular y fortalecer las actividades que llevan a cabo los albergues para el resguardo de animales, las cuales fueron promovidas por las diputadas Ana Cecilia Luisa Gabriela Sodi Miranda (PRD) y Julieta Andrea Ramírez Padilla (Morena), y suscritas por diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios.

También se aprobó el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 5°, la fracción IV del artículo 134, y el segundo párrafo del artículo 144, y se adicionan las fracciones XXIV Bis y XXIV Ter al artículo 3º, y la fracción II Bis al artículo 15, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Respecto de la adición de la fracción XXIV Bis al artículo 3º, señala que se entiende por “plaguicida” cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destine a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las sustancias defoliantes y las desecantes.

La fracción XXIV Ter define como “Plaguicidas Altamente Peligrosos” aquellos que debido a sus características intrínsecas o particulares representan riesgos o generan afectaciones graves, agudas, subcrónicas, crónicas o irreversibles particularmente para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, o por estar previstos en tratados, acuerdos o convenciones internacionales.

En cuanto a la fracción VI del artículo 5º, se plantea, entre las facultades de la Federación, la regulación y control de sustancias consideradas como altamente peligrosas y añade el principio de precaución.

Agrega una fracción II Bis al artículo 15 para establecer el principio de precaución en la formulación y conducción de la política ambiental, “entendiéndose que cuando exista peligro de daño grave o irreversible al ambiente, los ecosistemas o sus elementos, se deberán adoptar las medidas necesarias para su protección. La falta de certeza científica no será impedimento para establecer dichas medidas de protección.

En todo caso, de conformidad con la normatividad que resulte aplicable, los convenios y tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, la adopción de esas medidas deberá justificarse con la información científica disponible, considerando al menos la evaluación, gestión y comunicación del riesgo existente en cada caso”.

En el artículo 134 prohíbe utilizar plaguicidas altamente peligrosos o aquellas sustancias o compuestos que estén prohibidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El artículo 144 indica que no podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, prohibidos por algún tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte.

La presidenta de la Comisión dijo que el objetivo es fortalecer la regulación de plaguicidas para garantizar la protección al derecho a un medio ambiente sano y a la salud, por medio de la incorporación de definiciones, principios y regulaciones en materia de plaguicidas altamente peligrosos prohibidos en otros países y en tratados internacionales suscritos por México.

El diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, promovente de la reforma, invitó a votar a favor porque tiene una gran trascendencia. “Actualmente en México existen alrededor de 180 plaguicidas altamente peligrosos con registros sanitarios vigentes; figuran productos prohibidos en otros países, y en tratados internacionales de los cuales México es parte”.

La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho (PRI) destacó la importancia de esta reforma, porque la lucha para tener agricultura orgánica se ha impulsado desde hace varios años, por lo que se sumó a la propuesta.

El diputado Gustavo Macías Zambrano (PAN) dijo que esta iniciativa ayuda en el tema de plaguicidas “de cuyo uso se ha abusado en algunos casos con muchos riesgos”. Preguntó si no se recibieron inquietudes de asociaciones.

Del grupo parlamentario de Morena, la diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas dijo que este dictamen llega en buen momento, porque el 21 de enero el Congreso de Colima envió un exhorto a las cámaras de Diputados y de Senadores solicitando que se realicen acciones para regular el comercio y aplicación de agroquímicos y plaguicidas que afectan la salud de quienes los usan.

Asuntos Generales

En el apartado de asuntos generales, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Karen Castrejón Trujillo, informó sobre la conducción de la misma en el parlamento abierto sobre la reforma constitucional en materia eléctrica, con los temas “Energías limpias y medio ambiente y “Medio ambiente, Agenda 2030 y cambio climático”; los días 10 y 14 de febrero de 2022, a las 9:00 horas en formato “Mesa de comisiones”.

Asimismo, mencionó que se tienen las opiniones institucionales de Semarnat sobre dos minutas muy importantes que fueron turnadas a comisiones unidas con la de Cambio Climático, sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular y el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de plásticos.

Agregó que, al término de los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, habrá un espacio para analizar estas minutas porque hay interés de muchas asociaciones y empresas que quieren dar pláticas.

Asimismo, comentó que se hizo una solicitud de información a la secretaria María Luisa Albores, sobre los impactos ambientales del Tren Maya, particularmente sobre los 22 mil árboles que presuntamente fueron retirados durante la construcción del tramo que corre a lo largo de la zona urbana de Playa del Carmen, en Quintana Roo. “Este tema ha despertado interés y ha habido respuestas ambiguas del Gobierno Federal y hemos pedido que Albores nos comparta la información con que cuenta la dependencia”.

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