• Los foros permitirán encontrar puntos de entendimiento

• Guardan minuto de silencio en memoria de la diputada Celeste Sánchez Romero, del PT

21-02-2022.- El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González (Morena), señaló que con este foro llegan a su fin las audiencias que le corresponden a las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales. Agregó que el Parlamento Abierto continuará mediante el Canal del Congreso y la Junta de Coordinación Política.

Mencionó que todas las ponencias recibidas a lo largo de estas seis semanas de trabajo, donde se ha escuchado la postura de la sociedad civil, colectivos sociales, representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, cámaras empresariales, académicos, servidores públicos y ciudadanos, serán tomadas en cuenta para enriquecer el trabajo y encontrar puntos de entendimiento que generen un dictamen que reúna no sólo la parte constitucional, sino la viabilidad y vocación social.

Explicó que una vez que concluyan los foros, las tres comisiones involucradas, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Puntos Constitucionales y Energía, iniciarán el análisis y discusión de la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Previamente, las y los asistentes al foro, puestos de pie, guardaron un minuto de silencio en memoria de la diputada Celeste Sánchez Romero, del grupo parlamentario del PT.

Cambiar condiciones de despacho aumentaría precio final

Claudia Aguilar Barroso, directora del despacho Aguilar Barroso y Asociados, dijo que la reforma planteada por el Ejecutivo puede no ser idónea para proteger el derecho al acceso a la energía eléctrica. Añadió que la iniciativa propone modificaciones en las condiciones del despacho y aprovechamiento que causarán un aumento en el precio al consumidor final.

Indicó que la electricidad es esencial para garantizar otros derechos, por lo que se debe asignar gasto en esta materia y buscar acceso universal al servicio, mayor cobertura y tarifas justas. Refirió que el Estado debe garantizar ese derecho con medidas adecuadas y eficientes e implementar acciones legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales para su realización.

Recuperar todo el sector energético para los mexicanos

Enseguida, Martín Esparza Flores, secretario general de la Confederación Nacional de la Nueva Central de Trabajadores (NCT), afirmó que es necesario evitar la privatización de la industria eléctrica y regresar al Estado mexicano una de las áreas estratégicas de seguridad nacional y desarrollo económico y social del país.

Agregó que si no se frenan los contratos a largo plazo que tiene la CFE con productores independientes “dejará en nuestro país otro Fobaproa, pero eléctrico, porque se han comprometido los ingresos de la CFE para los próximos 25 años y quien termina pagando los costos son los usuarios”.

Reforma olvida a los usuarios y consumidores de energía

Santiago Fabián Arroyo Seguedo, especialista en energía, regulación y desarrollo de negocios, consideró que la reforma eléctrica es innecesaria; no obstante, invitó a incluir a la ciudadanía para que accedan a energías limpias, seguras y baratas mediante la generación distribuida, colectiva y accesible, a través de programas sociales, fondos, políticas públicas desde las agencias estatales de energías y los municipios.

Planteó la necesidad de eliminar las reglas incongruentes y mejorar los mecanismos pocos transparentes como el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Agregó que tanto la reforma de 2013 y como la que ahora se analiza han olvidado a los usuarios y consumidores de energía.

No representa una visión de derechos humanos

Maciel Berenice Salazar Sánchez, profesora de la especialización en derecho energético de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que la reforma propuesta no representa una visión de derechos humanos, toda vez que hace un falso dilema entre lo que es la participación privada y las libertades fundamentales; además, con las reglas de despacho se desincentiva la generación de energías limpias.

Argumentó que esta reforma es regresiva, pues generará más contaminación, aumento en las tarifas y subsidios; asimismo, da un poder regulatorio y operativo a la CFE, lo cual no es democrático ni incluyente al no establecer la posibilidad de participación de la sociedad en la transición energética, y no habla de los derechos de los pueblos indígenas.

Debe ser un derecho humano a nivel constitucional

Al hablar en favor, Jesús Zendejas Macías, ingeniero electricista egresado del IPN, señaló que se debe considerar a la electricidad como un derecho humano a nivel constitucional para garantizar el servicio a toda la población.

Comentó que las y los diputados de esta Legislatura deben aprobar la iniciativa con el fin de poner orden y terminar con el caos que hay en el sistema eléctrico nacional, fortalecer a la CFE como organismo de Estado y rescatar la soberanía energética, además de integrar las funciones de la CRE y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía para una adecuada planeación.

Debe considerarse en la Constitución para que sea una obligación

David Peña Rodríguez, defensor de derechos humanos, resaltó la importancia de reconocer el derecho humano de acceso a la electricidad en la Constitución, para hacerlo una obligación, pues la actual CFE actúa bajo una función mercantil y como una empresa privada. “Lo que se busca con esta iniciativa es que se cambie esa lógica empresarial y de mercado”.

Puntualizó que uno de los principales efectos que se busca con la propuesta es que se pueda hacer una discusión en términos de la legislación secundaria sobre la asequibilidad, es decir construir una tarifa social justa, así como tener una restructuración de la CFE para que sea un ente del Estado que garantice el derecho humano.

Piden reorientar el debate respecto a la transición energética

Miriam Vargas Teutle, comunicadora indígena e integrante de la Red Nacional Futuros Indígenas, pidió reorientar el debate respecto a la transición energética hacia principios de justicia y democracia, indispensables para el interés de los pueblos y comunidades del país. Reconoció la urgencia de transformar el modelo energético hacia uno bajo en carbono, pero más eficiente, responsable, equitativo y sostenible.

Pidió reconocer que las principales causas de esta crisis socio-ambiental radican en un modelo desarrollista basado en un excesivo y asimétrico consumo energético fundado mayoritariamente en los combustibles fósiles. “Diversas corporaciones nacionales y extranjeras presentan como solución una falsa transición energética que, enmascarada de verde, se materializa en nuestro territorio mediante megaproyectos, pero solo cambian la tecnología sin cuestionar las injusticias de fondo, modelos de consumo y explotación de la energía.

Cuestionamientos de legisladoras y legisladores

La diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez (Morena) dijo que la intermitencia pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico, lo cual vulnera el derecho humano a la electricidad y el derecho al medio ambiente y cuestionó cómo puede garantizarse que las energías intermitentes cumplan con la protección de esos derechos.

La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) cuestionó si las empresas privadas tendrían la intención de llegar a comunidades y localidades rurales y pueblos indígenas y afromexicanos, “o no sería posible por no ser rentable para sus negocios”.

De la misma bancada, la diputada Flora Tania Cruz Santos dijo que la reforma del Ejecutivo propone que el Estado procure el establecimiento continuo de energía eléctrica como condición indispensable para garantizar el derecho humano a una vida digna y preguntó si el actual modelo eléctrico, derivado de la reforma de 2013, cumple esa premisa.

Por su parte, la bancada del PVEM cuestionó a los especialistas respecto a cómo ayudará la reforma a las personas que no cuentan con electricidad por vivir en comunidades aisladas y para sacar de la pobreza energética a quienes se encuentran en esa condición.

El diputado de Morena, Joaquín Zebadúa Alva, solicitó la opinión de los ponentes respecto a cuál fue la principal motivación de la Reforma Energética de 2013 y el propósito de la que ahora se propone, toda vez que la nacionalización del sector eléctrico del país con el presidente López Mateos fue por motivos de desarrollo social para suministrar electricidad a las familias mexicanas.

También de Morena, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez pidió detallar cuántos trabajadores del SME podrían recobrar su empleo en la CFE como nuevo organismo constitucional.

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío (Morena) cuestionó si la electricidad es un recurso fundamental para las familias mexicanas, empresas, industrias y el país en general, para considerarlo un tema de seguridad nacional y garantizarlo como derecho humano para una vida digna.

Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández preguntó si con el subsidio anual que se da a la CFE por 73 mil millones de pesos se costee un programa para masificar la generación de energía eléctrica con paneles solares, y si con esa bolsa sería posible subsidiar al cien por ciento a los hogares de consumo básico, 50 por ciento en los de consumo medio y que sean obligatorios en los de alto consumo.

La diputada Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, solicitó a Marín Esparza explicar con qué sentido la reforma de 2013 mejoró a México, cómo fueron las tarifas y el servicio y qué piensa de los partidos que no han consultado a la ciudadanía ni involucrado en los foros o generado asambleas con la sociedad.

El diputado del PAN, Santiago Torreblanca Engell, preguntó si la existencia de un derecho humano implica la prestación gratuita por parte del Estado, y si, de conformidad con la legislación vigente, siguen existiendo la figura de productores independientes de energía y los contratos de autoabastecimiento; “si no, ¿por qué se sigue hablando de ellos?”.

El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (PRD) indicó que la iniciativa de reforma no busca más que consolidar una posición dominante de la CFE en la industria eléctrica; sin embargo, preguntó si es necesario ligar el artículo 4º constitucional, a fin beneficiar a la ciudadanía mediante el reconocimiento del acceso a la energía.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (Morena) cuestionó al ponente que expresó que la electricidad no puede considerarse un derecho humano y la comparó con un teléfono móvil o comida chatarra; ante ello, pidió explicar esta comparación.

Respuestas

Claudia Aguilar Barroso respondió que el despacho económico garantiza que si hay energías de menor costo y renovables se despachan primero, lo que se traduce en beneficio al consumidor y garantiza sin duda el acceso a la energía eléctrica.

Indicó que los términos de la iniciativa generan grandes afectaciones porque es violatoria de los derechos humanos y conlleva la inconvencionalidad de la Constitución. “Hay una parte donde, sin duda, no se puede garantizar de ninguna manera el acceso a tarifas más bajas, pero sobre todo lleva a hacer más viable que exista un número importante de subsidios”.

Martín Esparza Flores dijo que las empresas privadas jamás van a garantizar una tarifa social, justa, ni el acceso de todos los mexicanos a la electricidad. Por ello, planteó que esta Legislatura avale la reforma poniendo por delante el interés de la nación y se recupere esta área estratégica. Se pronunció por crear un nuevo organismo público descentralizado, con visión social, sin fines de lucro.

Dijo que se deben sentar las bases de una transición energética que respete los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y los usuarios y que en esa transición deben intervenir los institutos de investigación para desarrollar mejores condiciones en esta materia y mantener la soberanía energética.

Agregó que esta reforma resolvería un conflicto generado por el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro de 2009 y que a todos los trabajadores que formaban parte de ese sindicato, les restituirían sus derechos laborales.

Expresó que no se trata de regalar la energía eléctrica sino de una nueva CFE sin fines de lucro, que recupere sus costos de explotación y tenga recursos para expandir sus líneas de transmisión y modernizar las redes y subestaciones. En el tema de tarifas planteó modificar la ley que las regula y analizar sus costos de producción.

Por su parte, Santiago Fabián Arroyo Seguedo enfatizó que esta reforma no contempla algo referente sobre derecho humanos, por lo que consideró fundamental direccionar la reforma para impulsar la participación de la ciudadanía.

Subrayó que la electricidad es fruto de la industria de generación a diferencia del petróleo que sí es de la nación, por lo que argumentó que la CFE no es el Estado, porque este se conforma por las entidades y municipios. Propuso crear un mecanismo para que la ciudadanía tenga acceso a la energía.

Al dar respuesta, Peña Rodríguez aseguró que en la iniciativa hay un reconocimiento explícito del derecho humano a la electricidad, además han sido pocos los Estados que lo han reconocido. Dijo que uno de los retos es establecer las obligaciones para garantizarlo.

Puntualizó que es necesario cambiar la visión que actualmente tiene la CFE de una empresa mercantil que funciona con las reglas del mercado, pues lo que menos le interesa es garantizar el derecho a la energía eléctrica, lo que, dijo, es fundamental

En su turno, Zendejas Macías explicó que se debe considerar que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas prevalecían las empresas privadas que destinaban el servicio a zonas mineras y urbanas que redituaban el cobro de las tarifas, por lo que el gobierno decidió crear un organismo que controlara el sistema a nivel nacional con otra visión.

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