Boletín N°. 1204 | Comisión se reúne con el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda |
01-03-2022.- La Comisión de Vivienda, que preside la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), se reunió con el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi), para analizar temas relativos al financiamiento de casa-habitación social, inmuebles abandonados, regularización de predios y presupuesto para el sector.
La diputada Aguilar Gil explicó a los representantes del Conorevi que ayer aprobaron la opinión del dictamen que reforma el artículo 4° de la Constitución, a fin de definir que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada.
Detalló que el concepto de vivienda adecuada permite acatar lo signado por el país respecto de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que establece que los inmuebles contengan bienes y servicios necesarios y evitar los “espacios miniatura”.
Subrayó que se han presentado dictámenes e iniciativas con el propósito de que la población vulnerable tenga acceso de manera prioritaria a créditos y reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de que se construyan inmuebles en beneficio de personas con discapacidad.
De igual manera, sostuvo que la Comisión prevé realizar una reforma para impulsar que las mujeres jefas de familias adquieran una vivienda.
Del PAN, el diputado Rodrigo Sánchez Zepeda apuntó que esta instancia legislativa ha rescatado la labor de pasadas legislaturas y, de forma simultánea, se han presentado iniciativas en la materia con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda.
La diputada de MC, María Ascención Álvarez Solís, mencionó que la participación del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda es fundamental para atender el abandono de casas-habitación y generar instrumentos que permitan que personas sin seguridad social adquieran un inmueble.
Por Morena, la diputada Susana Cano González indicó que otro tema que debe atenderse es la regularización de predios invadidos hace décadas, toda vez que ello complica la urbanización del país.
La diputada María de Jesús Rosete Sánchez (PT) afirmó que el tema de la vivienda debe ser visto no sólo desde la perspectiva de la construcción, sino de la conservación, porque en el país hay miles de unidades habitacionales deterioradas a raíz de fenómenos naturales como sismos, huracanes u otros.
Del PAN, la diputada Carolina Beauregard Martínez sostuvo que hay conjuntos habitacionales no municipalizados, lo que es un obstáculo para que accedan a servicios como alumbrado público, recolección de basura, pavimentación, por lo que propuso legislar en la materia.
Participación del Conorevi
El presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi), Anselmo Peña Collazo, señaló que es importante el impulso de programas orientados a promover la vivienda social, en beneficio de la población que no puede obtener un crédito hipotecario.
Propuso establecer mesas de trabajado con la Comisión de Vivienda para desarrollar un esquema operativo que permita potencializar los recursos públicos del PEF 2023.
El titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, Fernando Álvarez Monje, pidió a la Comisión integrarlos en las mesas de análisis de las reformas en la materia.
Eugenio Montiel Amoroso, director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, enfatizó la necesidad de otorgar financiamientos a las poblaciones vulnerables y a quienes no tienen seguridad social.
Carlos Viñas, vicepresidente A del Conorevi, dijo que se deben buscar mecanismos que impulsen la adquisición de vivienda usada, a fin de recuperar las casas abandonadas en el país.
Asimismo, el comité directivo del Conorevi planteó a las y los integrantes de la Comisión propuestas para incorporar en la Ley el concepto notaría social, a fin de que los gobiernos estatales tengan las facultades de brindar certeza jurídica en materia de vivienda social a la población más vulnerable.
En este sentido, explicaron que esta adecuación normativa permitirá dar seguridad en la tenencia y regulación, además de la captación del pago de derechos, lo que colocaría a los propietarios al alcance de sistemas de financiamiento para la autoconstrucción de una vivienda adecuada.
También sugirieron incorporar a la Ley el derecho a la asistencia técnica, lo que daría a las entidades federativas la facultad de garantizar el esquema de autoproducción para desarrollar viviendas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
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