Boletín N°. 1391 Impulsan iniciativa para que la educación digital sea reconocida como derecho constitucional

 

• El diputado Jiménez Aquino (PRI) promueve reforma al artículo 3º de la Constitución Política

 

21-03-2022.- El diputado del PRI, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, propuso una iniciativa para reformar el artículo 3º de la Constitución Política, a fin de garantizar que en los planes y programas de estudio se incluya la educación digital.

 

La iniciativa, que se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que el Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirán y garantizarán que en los planes y programas de estudio se incluya la educación digital.

 

Destaca que es necesario que la educación digital sea reconocida como un derecho constitucional, pues solo de esta forma podrá ejercerse de manera efectiva y, una vez reconocida, permitirá que los educandos, como sujetos titulares del derecho a la educación digital, puedan exigirle al Estado en sus tres niveles de gobierno que garantice el uso y goce de este derecho

 

Expone que se debe educar para que todo ser humano tenga la misma oportunidad de obtener provecho de una sociedad digital que ya está establecida, y cuya permanente influencia en el bienestar individual y colectivo, es innegable.

 

Considera que la educación digital es una tarea urgente y necesaria, por lo que se tiene que reconocer que hay grandes lagunas en los conocimientos digitales de la sociedad que han generado una serie de consecuencias adversas, entre ellas no aprovechar las ventajas de la tecnología digital, ni saber discernir.

 

Tampoco saber buscar información en la web, no conocer los peligros de la comunicación digital, no saber desarrollar nuevas habilidades comunicativas y menos conocer los derechos y obligaciones que tienen como usuarios de internet y de redes sociales, agrega.

 

Señala que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en 2020 había 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72 por ciento de la población de seis años o más. Entre las principales actividades que se realizan están comunicación 93.8 por ciento, buscar información 91 por ciento y acceder a redes sociales 89 por ciento.

 

En promedio, los mexicanos pasan 9 horas en internet y 3 horas 27 minutos en redes sociales, indica el Digital Report 2021, elaborado por la plataforma web y móvil para gestionar redes sociales.

 

Por lo anterior, la iniciativa considera necesario garantizar el derecho humano a la educación digital, ya que la educación es la principal herramienta de transformación y adaptación al mundo con la se que cuenta.

 

​Puntualiza que el sistema jurídico y la Constitución Política deben reconocer el contexto digital actual, así como el constante y permanente dinamismo en el que se vive, ya que solo así es posible establecer las normas jurídicas necesarias que permitan satisfacer las necesidades, aspiraciones y prioridades que nuestra sociedad requiere.

 

El diputado Jiménez Aquino indica que la era digital ya no dará marcha atrás, el uso y desarrollo de las tecnologías seguirá aumentando año con año, por lo que es indispensable que la sociedad evolucione al mismo ritmo, se adapte y se apropie de los conocimientos digitales.

 

Afirma que el Estado, como garante del derecho a la educación en todas sus aristas, debe proveer información y protección específica a los educandos con respecto a la tecnología digital, y buscar un balance apropiado entre las oportunidades y los riesgos, fomentar el desarrollo de las buenas costumbres, promover el respeto a los demás usuarios y alimentar el pensamiento crítico sobre los riesgos.

 

Agrega que la brecha digital existente es la prueba de que las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación no han brindado las condiciones suficientes para consolidar a la educación digital como un derecho fundamental. Por ello, para implementar de manera tangible y sólida la educación digital en los planes y programas de estudio, es imperante reconocerla y protegerla a nivel constitucional.

 

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