En el marco del debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, de las leyes secundarias en telecomunicaciones, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), rechazaron modificar el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el apartado referente a la colaboración con la justicia, con elementos como la geolocalización, el bloqueo de señales y la retención de datos.

De hecho, el bloque mayoritario ni siquiera permitió entrar a la discusión a fondo del tema, al imponerse en la votación con 225 en contra, 171 a favor y una abstención.

En sesión extraordinaria y al filo de las 02:00 horas de éste miércoles, las bancadas de oposición advirtieron de manera reiterada, que las disposiciones señaladas abren la puerta a abusos por parte de la autoridad, a la persecución del ciudadano y a la violación a derechos, como la privacidad de los datos y las conversaciones.

A nombre de su bancada, la del Partido Acción Nacional (PAN), y las del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), la diputada Beatriz Zavala, dijo que al mantener la norma en sus términos, sin imponer ningún tipo de control judicial, el país retrocedería a las épocas de la represión de 1968.

Por apoyar la moción panista, de tomar la votación en el tablero, a fin de dejar en claro si había votos suficientes para obligar a la discusión, el perredista Javier Orihuela se llevó rechiflas, gritos, reclamos y burlas, en especial de las diputadas y diputados del PRI.

Ya en materia, el panista Carlos Angulo, señaló que los ciudadanos deberían ser consultados por la autoridad, para el acceso y revisión de sus comunicaciones.

El vicecoordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, advirtió que la normatividad es ominosa, perfila un estado policiaco e interventor, equiparable al “Big Brother” del que habló el escritor George Orwell, en su libro 1984, pues representa una violación a la privacidad de los datos y comunicaciones de particulares.

En particular, la diputada Zavala Peniche expresó la preocupación que generan la retención de datos, la geolocalización y el bloqueo de señales, porque violentan la privacidad de los ciudadanos, la libertad de expresión y los derechos humanos.

Como alternativa, la panista propuso que en retención de datos, la herramienta no sea utilizada para vigilancia masiva, porque se transgreden las comunicaciones privadas.

Sobre la retención de conversaciones y comunicaciones, recalcó que en la Unión Europea, esas disposiciones han sido impugnadas y rechazadas.

Propuso que el procedimiento de vigilancia sea la excepción y no la regla y no para todos, que siempre cuente con autorización judicial federal, a fin de evitar abusos.

Indicó que los concesionarios solo deberían conservar los datos de las personas que sean necesarias y el tiempo que sea necesario, no por 2 años como indica el dictamen.

Advirtió que la geolocalización se plantea en el dictamen “sin controles”, sin definir los supuestos en que aplicará, no prevé autorización judicial ni contempla otros controles.

En ese punto, planteó que la geolocalizacion solo proceda cuando sea ordenada por una autoridad judicial competente y para facilitar investigaciones sobre delincuencia organizada, secuestro, extorsión o que esté en peligro la vida de una persona.

Asimismo, pidió que se notifique al usuario cuando sus comunicaciones privadas vayan a ser intervenidas.

Sobre el bloqueo de señales, indicó que el ordenamiento marca la suspensión del servicio de telefonía, para hacer cesar “delitos”; sin embargo, la norma es violatoria, de acuerdo a organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Advirtió que las medidas son desproporcionadas, afectan la libertad de expresión y en casos de protesta social, podrían atentar contra las libertades ciudadanas e impedir la labor periodística, al frenar la divulgación de hechos relevantes.

Estaríamos regresando al ‘68, cuando 24 horas después, la ciudadanía se enteró de lo que había ocurrido en Tlatelolco, alertó, o bien, sería indeseable que sucediera lo mismo que en Egipto, donde el gobierno bloqueó las señales de los ciudadanos organizados, para evitar que se comunicaran entre sí.

Aunque la mayoría ya había rechazado la reserva sin siquiera admitirla a discusión, el diputado del Verde, Tomás Torres, salió en defensa de la ley, al advertir que el Estado no puede “llamarle” al delincuente, para decirle: “te voy a suspender la comunicación”.

La diputada del Movimiento Ciudadano (MC), Zuleyma Huidobro, lamentó que el Estado mexicano, se esté convirtiendo en un “Estado nazi”.

El diputado Orihuela, puso un ejemplo crudo, para dejar en claro que las herramientas de telecomunicaciones, no se deben utilizar contra el ciudadano, sino para combatir al crimen organizado.

Leyó el mensaje de una empresaria amenazada de muerte por un grupo delincuencial, si no accedía a pagar una cuota mensual y cuestionó a la asamblea, sobre lo que se debería hacer en ese caso, con leyes violatorias de los derechos humanos.

Para cerrar el debate, la diputada panista Rocío Esmeralda Reza, anunció que el PAN está dispuesto a promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y llamó a todos los partidos a respaldar el planteamiento. Duración 00’’, nbsg/m.