La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Verónica Juárez Piña, reconoció la urgencia de crear una ley federal de albergues públicos y privados sin fines de lucro, que regule esta labor orientada a la población infantil.

A nivel federal se carece de regulación, y el caso de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán muestra la necesidad de eliminar este vacío jurídico para normar y supervisar la labor de estos espacios destinados al resguardo y atención de este sector de la sociedad.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió al gobierno estatal, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), garantizar los derechos humanos e integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes rescatados del albergue.

Además, “se solicitó una investigación efectiva y eficaz para el caso, ya que de existir delitos y culpables debe aplicarse todo el peso de la ley”.

Con base en datos de la Procuraduría General de la República (PGR), la operación fue posible por la existencia de al menos 50 denuncias contra esas personas por privación ilegal de la libertad.

De ese lugar fueron rescatadas 174 niñas, de entre tres y 17 años y 278 niños del mismo rango de edad, 138 mayores de edad de entre 18 y 40 años y seis bebés de entre dos meses y dos años.

Los niños son vulnerables, por lo que están en mayor riesgo de sufrir discriminación, disminución o negación de sus derechos fundamentales, recordó la legisladora.

Aun cuando la legislación nacional e internacional los protege, reconoció que en casos como el de La Gran Familia muestran “que no hemos trabajado los tres órdenes de gobierno lo suficiente para garantizar los derechos fundamentales a esta población”.

Se carece de datos oficiales sobre el número de organizaciones que existen en México, de la población que atienden, dónde se encuentran y cuáles son sus modelos de atención.

Exhortó a la Secretaría de Gobernación y al DIF Nacional a establecer políticas públicas integrales para garantizar los derechos humanos de los niños integrados a casas hogar y/o reintegrados a sus núcleos familiares.

También, mecanismos eficaces para la supervisión, seguimiento y vigilancia de los procesos de atención y de los servicios que reciben del Estado y de instituciones sociales y privadas.

Son pocas las entidades que cuentan con regulación de albergues para menores, como el caso de Distrito Federal que “con el propósito de garantizar la integridad física, psicológica y situación jurídica de los niños y niñas elaboró la Ley de Albergues Públicos y Privados sin fines de lucro”.

“Desde el ámbito legislativo se trabajará para eliminar esta carencia jurídica”, puntualizó. /gh/m