La diputada federal Verónica Juárez Piña subrayó la necesidad de crear un sistema de información de albergues públicos y privados que permita conocer la situación general de cada uno, a fin de garantizar los derechos de los infantes.

La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados indicó que esos espacios alojan a unos 90 mil niños, niñas y adolescentes, de quienes no se sabe a detalle cómo viven, edad, circunstancias por las que llegaron ahí y el seguimiento que se les da.

De ahí, dijo, la necesidad de un sistema de información que contenga todos los resguardos públicos y privados que existen en México, con el propósito de garantizar los derechos de los infantes.

En el marco de una reunión de dicha instancia con funcionarios de la PGR para dar seguimiento al caso del albergue La Gran Familia, consideró que se debe reforzar la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo sobre la protección de niñas, niños y adolescentes, a fin de aplicar políticas públicas que den atención a los infantes.

En su oportunidad Joaquín Tórrez Osorno, director general de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que fueron rescatadas 536 personas del sitio ubicado en Michoacán, que sufrieron privación ilegal de la libertad, violencia sexual y robo de identidad.

El funcionario planteó que se trata de un caso de delincuencia organizada, porque un grupo de personas se organizó para cometer esos actos ilícitos.

Detalló que fueron “privados de su libertad” 322 hombres y 214 mujeres, la mayoría de hasta 20 años, de los que 48 se canalizaron a instituciones privadas, 309 a resguardos públicos y 179 fueron reinstalados con sus familias.

Tórrez Osorno también informó que 46 de los rescatados se encuentran en el DIF nacional y 257 en los DIF de Baja California, Coahuila, Durango, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Sobre la imputabilidad de Rosa Verduzco, encargada del albergue, expuso que de acuerdo con el Artículo 55 del Código Penal, que establece la edad en la que se puede considerar a una persona como denunciable, “ese tema ya no es irreversible para poder imputarle un delito, aunque evidentemente pudiera ser culpable”.

En tanto la jefa de Unidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, explicó que a muchos niños y niñas se les robó su identidad al ingresar al albergue.

Hizo notar que a los menores se les cambiaron sus apellidos originales por el de Verduzco Verduzco, por lo que se tuvieron que aplicar pruebas de ADN para entregárselos a sus padres, quienes presentaron actas de nacimiento, fotografías y una carta de sucesión de derechos que les dio a firmar el albergue.

De igual forma trabajadoras sociales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entrevistaron a padres y niños para saber si podían reintegrarse con sus familias, mientras que otros fueron canalizados a otros albergues de acuerdo con sus condiciones de salud.

A su vez Jesús Moreno Rogel, director de Atención Psicosocial de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, indicó que debido a las condiciones de higiene y emocionales en que se encontraban los internos fue necesario preservar su estabilidad psico-emocional mediante diversas actividades y estrategias.

La diputada perredista Verónica Juárez Piña lamentó “la vulnerabilidad y la violación a los derechos sobre su identidad y privación de libertad que sufrieron los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en el albergue”.

Subrayó que las reuniones con todas las instancias involucradas en ese hecho, como la PGR y el DIF nacional, son precisamente con el fin de dar seguimiento al caso. Duración 00’’, nbsg/m.