El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, no se ha conducido con la eficacia que se esperaba en la atención de la crisis de violencia en su entidad y el “horroroso” caso de la muerte y desaparición de los estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, sentenció el líder parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

Cuestionado respecto a la actuación del mandatario local, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, agregó que las autoridades guerrerenses han intentado presentar algunas explicaciones sobre lo ocurrido.

Sin embargo, es mucho más confiable lo que pueda reportar la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de las indagatorias que ya se llevan a cabo, dijo.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía guerrerense, informara que el “delito” cometido por el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, solo fue de “omisión”.

“Escucho que él quiere presentar algunas conclusiones y explicaciones a los acontecimientos, pero yo confío mucho más en el papel que haga la Procuraduría General de la República investigando los hechos. Hasta hoy, parece que no ha sido lo eficaz que se hubiera esperado”, respondió, a la pregunta de si el mandatario local está “rebasado”.

En cuanto a los señalamientos del perredista René Bejarano, en cuanto a que hace más de un año hizo del conocimiento de la PGR y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), indicios de que el alcalde estaba involucrado con el crimen organizado, pero dichas instancias no actuaron, Beltrones Rivera dijo no tener claro si esos dichos quedaron solo en meras palabras o bien, en declaraciones en el marco de confrontaciones internas en el Sol Azteca.

El líder de los priistas en San Lázaro, agregó que lo más adecuado es esperar a que la PGR culmine las investigaciones, para no generar información encontrada ni especulaciones.

Respecto a si percibe debilidad institucional en Guerrero, señaló que eso es evidente y los sucesos en ese territorio pueden llegar a ser una “verdadera catástrofe” de gobernabilidad.

Recalcó que la PGR ha atraído el caso, está haciendo las investigaciones pertinentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está interviniendo y de las conclusiones que surjan de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que analizará las investigaciones referidas, se habrá de emitir una conclusión con seriedad de “qué es lo que más conviene al Estado de Guerrero. No se vale ni estar llegando a atrincherarse en el Poder, por algunos ni tampoco intentar defenestrar súbitamente a otros.

Expuso que el debilitamiento institucional en Guerrero está a la vista. “Los acontecimientos nos han mostrado una serie de fracturas en la gobernabilidad de algunos Estados, entre ellos, señeramente, muy señaladamente, Guerrero, que nos deben llamar la atención. Hoy adquiere enorme valor, nosotros estar resolviendo el futuro de la gobernabilidad en México”, abundó.

Agregó que en cuanto a la posibilidad de aplicar una estrategia similar a la de Michoacán, incluyendo a un comisionado especial, de comprobarse que los cuerpos localizados en las fosas clandestinas son de los normalistas, se verificaría que en Iguala hubo una masacre, y valdría la pena analizar las múltiples soluciones, pero apegadas a derecho, a la legalidad y sin intentar “linchamientos apresurados o atrincheramientos por parte de algunas de las autoridades”.

Se declaró convencido de que las indagatorias de la PGR llegarán más allá de la conclusión de que el alcalde Abarca solo fue “omiso”.

“Porque es muy grande y alto el costo que estamos pagando con la desaparición de estos jóvenes estudiantes, los muertos que hubo previamente, más la posibilidad que sean ellos quienes estaban sepultados clandestinamente en esa fosa, lo cual habla de un evento y momento de horror en Guerrero”, reiteró.

Incluso, aseveró que será la PGR la que determine de manera “correcta” cuáles fueron los delitos cometidos por las autoridades municipales y de seguridad en Iguala.

Enfatizó que de acuerdo al Presidente de la República, la resolución del caso será firme y deberá llegar hasta sus últimas consecuencias “tóquele a quien le toque pagar por este delito”.

En cuanto al ultimátum de los normalistas al gobernador Aguirre Rivero, para que en 3 días de con el paradero de sus compañeros desaparecidos, señaló que es expresión de la justa indignación por la matanza registrada, así como la exigencia de que haya justicia pronta y se señale claramente a los culpables. ys/m.