Diputados federales fijaron en el pleno su postura en torno a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de determinar inconstitucionales las solicitudes de consulta popular sobre salarios mínimos y en materia energética.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique, del PRI, señaló que nadie puede eludir su responsabilidad ante la interpretación de la SCJN, lo cual resolvió con instrumentos legales que el mismo Congreso dotó.

La figura de consulta popular puede perfeccionarse para que sea un instrumento viable y eficaz, opinó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para el diputado panista Fernando Rodríguez Doval, en las interpretaciones de la Corte sobre el control de constitucionalidad de las consultas populares, dejó de lado “el principio pro persona”, pues más de dos millones de ciudadanos propusieron aumentar el salario mínimo.

En opinión del legislador del Partido Acción Nacional (PAN), la SCJN tiene que establecer un control de constitucionalidad es decir, “en el caso de las consultas, tiene que decidir si éstas se ajustan o no a la Constitución”.

La perredista Amalia García Medina expresó que no sólo se le niega a los millones que firmaron la solicitud de consulta, sino a todo México, porque el país tiene derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y su futuro.

“Por eso discrepamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo decimos de manera clara y subrayada: no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución”, añadió la legisladora del Partido de la Revolución Democrática, fuerza política que planteó una consulta en materia energética.

Antonio Cuéllar Steffan, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), resaltó la actuación de la Corte, que fue en estricto apego a la Constitución, a la división funcional de Poderes, a las decisiones emanadas de los órganos encargados de la interpretación y control constitucional, se respetarán.

La legisladora de Nueva Alianza, María Sanjuana Cerda Franco, opinó que “la resolución del alto tribunal brinda la oportunidad de asumir el compromiso de proteger la consulta popular de todo intento de partidización y que se convierta en un mecanismo de propaganda política”.

Refirió la importancia de explicar a la ciudadanía el por qué se promovieron consultas populares con la finalidad de revocar disposiciones constitucionales y leyes vigentes, cuando este instrumento no tiene alcances revocatorios. ys/m.