El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, urgió a crear una Comisión de la Verdad independiente, que permita colaborar con la resolución del caso Iguala, a fin de conocer qué ocurrió en realidad con los estudiantes normalistas, qué autoridades estuvieron involucradas y cumplir la demanda de justicia de los padres de los desaparecidos.

El legislador señaló que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) están en entredicho y es preciso que su titular, Jesús Murillo, aclare si la información publicada en días pasados en el semanario Proceso y que apunta a que la Policía Federal y el Ejército habrían participado en el ataque a los jóvenes, es verídica.

Alonso Raya agregó que por tales hechos, se propondrá llamar a comparecer al procurador Murillo Karam y también al titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Osorio.

Consideró que solo una Comisión de la Verdad que trabaje de manera autónoma, podría despejar las dudas sobre el caso Iguala y respaldar la demanda de que la ley se aplique con firmeza.

Tras recordar que el PRD en el Congreso ya había propuesto crear una Comisión de la Verdad en materia de delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, perpetradas entre el año 2006 y el 2014, el líder del Sol Azteca subrayó que ese tipo de instancias creadas en otros países han logrado dar resultados, por lo que México debería contar con dicho organismo.

Puntualizó que las Comisiones de la Verdad han ayudado a otras naciones con casos de desapariciones forzadas, a reconciliar a sus ciudadanos con los gobiernos y a atender los reclamos sociales de justicia.

Recordó que en semanas pasadas, se creó una Comisión de la Verdad en Guerrero, para esclarecer los crímenes, desapariciones y asesinatos perpetrados durante la llamada “guerra sucia”; sin embargo, todavía no ofrece resultados claros.

Enfatizó que el proceder de la PGR y las líneas de investigación que sigue en torno al asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, han generado más dudas que certezas y no hay un solo actor social, político o académico, excepto en el Gobierno Federal, convencido de que la autoridad esté en lo cierto.

De modo que, tras la presentación de presunta evidencia de lo que realmente ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, incluyendo testimonios de las víctimas y sobrevivientes, es preciso aclarar la versión oficial de los hechos.

Calificó como “muy delicado” lo referido en el reportaje del semanario Proceso, pues mostraría que la Policía Federal y el Batallón de Infantería destacados en la zona, si intervinieron y en ese caso, los dichos del procurador Murillo Karam y del titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), han sido mentira.

Tales dudas “ameritan ser verificadas con terceros, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y crear en todo caso, una comisión independiente de la verdad, que pueda clarificar e ir al fondo del asunto y decirnos exactamente qué sucedió en Iguala, y qué pasó, no solamente la noche del 26 y 27; si no qué pasaba antes con el cementerio clandestino que encontraron a raíz de estos acontecimientos y sobre los cuales aparentemente ni la Policía Federal, ni el Ejército estaban enterados”, enfatizó.

Ante tales circunstancias, será preciso llamar a comparecer al secretario Osorio Chong y al procurador Murillo, para que expongan ante el Congreso, bajo protesta de decir verdad, qué ocurrió realmente y si las fuerzas federales están involucradas.

Puntualizó que la Comisión señalada deberá ser un “organismo de interés público”, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformada por ciudadanos y personas versados en el tema de defensa de los derechos humanos, seleccionados por la Cámara de Diputados.

Su objetivo será estudiar, investigar, aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos, para esclarecer los casos de ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria y las desapariciones forzadas registradas en el país en el periodo 2006-2014.

Agregó que la instancia propuesta, deberá esclarecer si esos ilícitos constituyen ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. También podrá contribuir con las autoridades encargadas de las indagatorias a fin de determinar si los delitos referidos se confirman y si ha violaciones a derechos humanos.

“México enfrenta una crisis de las instituciones del Estado, en particular de las instituciones de seguridad pública, en la cual éstas no han tenido la capacidad para esclarecer los hechos de violencia que se han registrado en todo el país”, recalcó el diputado Alonso Raya.

“Tampoco se han fincando las responsabilidades correspondientes a todos los involucrados, y fundamentalmente no han podido aclarar los lamentables hechos en relación las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, estado de México ni la desaparición forzada de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero”, finalizó. ys/m.