El presidente de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, planteó la necesidad de reformar el artículo 134 Constitucional, para obligar a los Poderes de la Unión y a los órganos autónomos a transparentar los recursos públicos asignados y su utilización eficaz.

En un comunicado, explicó que la iniciativa busca incluir el concepto específico de órganos autónomos como una parte fundamental de las definiciones de dicho articulado.

Ello para que todo servidor público de los Poderes de la Unión, y de órganos autónomos como el IFAI, INE, y comisiones de Derechos Humanos, entre otros, tenga claro la pulcritud, transparencia, honestidad, eficacia y austeridad con la que se tienen que administrar los recursos públicos.

Indicó que ante la amenaza constante de la partidización y del dispendio en el uso de los recursos públicos que les son asignados a estas instancias, se hace cada vez más necesario sujetar su actuación y sobre todo la aplicación de sus presupuestos, a principios de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia.

Dichos principios deben observarse en todas las actividades públicas y por todas las instituciones del Estado, precisó el legislador por Michoacán.

Expuso que para 2015 se asignaron al conjunto de los organismos autónomos un presupuesto superior a los 50 mil millones de pesos, incluida la futura Fiscalía General de la República.

Si le agrega el presupuesto de los Poderes Judicial y Legislativo, la cifra asciende a más de cien mil millones de pesos, "hasta ahora no sujetos de manera explícita a los principios descritos en el artículo 134 constitucional para el uso de los recursos públicos".

Sin el establecimiento de los límites que enuncian los principios, existirá siempre la tentativa de hacer un uso discrecional y abusivo de estos recursos.

En su iniciativa, Aureoles Conejo explicó que el país necesita retornar la senda del crecimiento económico; que si bien es cierto el entorno internacional no ha sido del todo favorable, también es verdad que el modelo neoliberal de desarrollo ha generado más desigualdad, estancamiento y el desmantelamiento del Estado.

"México también pierde gran cantidad de recursos por la vía de la corrupción, del desvío de dinero público para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y de amigos contratistas de funcionarios, o bien para el gasto en sus actividades políticas, de manera totalmente ilegal", concluyó.