El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, con 329 votos a favor y 43 en contra, la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, con el objetivo de frenar el endeudamiento de los estados.

Votaron a favor de los cambios que marcarán un límite a la deuda pública los legisladores del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Nueva Alianza, y el voto en contra fue de los diputados de Morena, PT y Movimiento Ciudadano.

Las enmiendas aprobadas que fueron enviadas por el Senado en diciembre facultan al Congreso de la Unión a sólo realizar “observaciones” a las deudas elevadas que contraten estados y municipios.

Las cámaras de senadores y de diputados podrán hacer estas “observaciones” a través de una Comisión Bicamaral, con la única atribución de analizar la situación de las entidades federativas que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos y emitir la opinión que estimen correspondiente, con respecto al plan de ajuste que plantee el estado al Gobierno Federal.

La discusión estuvo congelada hasta el 4 de diciembre pasado, cuando senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM, revivieron la propuesta inicial.

El dictamen aprobado señala que “el Congreso de la Unión a través de la Comisión Legislativa Bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. (…) Emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles”.

Este precepto aplicará para los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley.

La reforma deja a los congresos locales fijar los límites máximos para el endeudamiento de los estados, que deberá ser aprobado por mayoría calificada, es decir con más del 66 por ciento de los votos.

Las sanciones para los funcionarios que incurran en irregularidades, también serán establecidas por las legislaturas de los estados.

El Congreso Federal dejó para la legislación secundaria, establecer los límites y modalidades para que los estados contraten deuda con cargo a sus participaciones federales.

En la ley reglamentaria se obligará a las entidades federativas a informar públicamente sobre todos sus empréstitos y obligaciones de pago.

Establecerán un sistema de alertas y determinarán las sanciones para quienes incumplan con las nuevas disposiciones. /gh/m