El legislador panista Fernando Rodríguez Doval urgió a las autoridades capitalinas a implementar acciones que resuelvan el problema de movilidad en la zona donde dejó de operar la Línea 12 del Metro.

El secretario de la Comisión Especial que Investiga la Línea 12 del Metro hizo énfasis en esa necesidad, pues los autobuses de RTP que "al día de hoy están a disposición de la población son insuficientes y el resto de las opciones son muy caras".

En ese sentido lamentó las declaraciones del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de que la línea se reabrirá cuando esté lista, ante la situación que enfrentan todos los días casi 500 mil personas para llegar a sus escuelas, trabajo y viviendas.

Por otra parte, indicó que la instancia legislativa en la que participa debe limitarse a entregar un informe que sirva a las autoridades competentes para fincar responsabilidades por las acciones u omisiones que llevaron a dejar de prestar el servicio.

Aclaró que ninguna de las Cámaras del Congreso tiene facultades de Ministerio Público y mucho menos de tribunal y precisó que el informe estará terminado hasta que se integren los resultados de las reuniones de trabajo con el ex jefe de gobierno y el secretario de finanzas de la gestión anterior, Marcelo Ebrard y Mario Delgado.

También con los ex directores del Proyecto y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Enrique Horcasitas y Francisco Bojórquez, respectivamente.

Rodríguez Doval aseveró que el informe no debe convertirse en un instrumento político que responda a intereses de partidos o a los tiempos electorales, sino en un elemento para que las autoridades tengan evidencias que los lleven a señalar y eventualmente consignar a los responsables.

"Los legisladores de Acción Nacional no estamos de acuerdo en que el informe de la Comisión Especial se personalice para que se convierta en un instrumento para vendettas políticas", indicó en entrevista.

Si así ocurre, planteó, se corre el riesgo de que esa comisión pierda seriedad y con ella el verdadero objetivo de responder a los casi medio millón de usuarios que hoy en día no pueden emplear este servicio, así como a los que resultaron damnificados en su patrimonio por las obras.

El legislador confió en que el informe final sobre el manejo de los recursos esté listo antes de que concluya febrero, no sólo para que las autoridades tanto penales como administrativas resuelvan quiénes son los responsables, sino para que se puedan emprender acciones que lleven a restablecer el servicio en la llamada Línea Dorada. /arm/m