La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Mexicano de la Juventud y la SEP deben promover políticas públicas para prevenir y erradicar la discriminación contra menores infectados con VIH en centros educativos, señaló la diputada Dulce María Muñiz Martínez.

La ignorancia “es campo fértil para la proliferación de este tipo de lastres”. Estimó que el problema debe ser atendido desde sus propias raíces, “pues si se deja crecer tan sólo un poco, cualquier campaña tardía será insuficiente para revertir el proceso”.

La secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos indicó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2012 había entre ocho mil y 10 mil niños mexicanos que vivían con esta enfermedad.

Entre 1985 y 2002, el 70 por ciento de los casos de Sida en menores de 15 años correspondía a infecciones por la vía perinatal, es decir, a través de la transmisión del VIH de una madre infectada a su hijo durante la gestación.

Un estudio en la clínica de atención a niños seropositivos de la UNAM reveló que 45 por ciento de las madres había recibido atención anterior al parto y 83 por ciento de ellas conoció su condición seropositiva después del embarazo.

La legisladora priista enfatizó que a pesar de que el VIH está presente en la sociedad desde hace varias décadas y se han hecho intensas campañas informativas para evitar su propagación y no estigmatizar a los portadores del virus, la enfermedad tiene muy mala imagen y genera mucha desconfianza.

En México, dijo, son cada vez más numerosos los casos de discriminación escolar contra niños infectados con Sida.

Ya sea en escuelas públicas o privadas, subrayó, resulta complicado integrar a los infantes enfermos con el resto de sus compañeros o, incluso, con sus maestros o directores, quienes ven en estos pequeños una amenaza a la armonía o el prestigio de sus escuelas.

Comentó que existen, incluso, sugerencias por parte de autoridades escolares de dar educación y cuidados a niños portadores de VIH en escuelas especiales, donde no sean víctimas de discriminación y tampoco pongan en riesgo al resto de los alumnos.

Este tipo de casos, sostuvo, “lamentablemente cada vez más frecuentes en varias ciudades de nuestro país, ha hecho sonar las alarmas respecto a la vulneración de los derechos humanos de este sector de la sociedad mexicana”.

La situación ha llevado a que organizaciones civiles con el financiamiento de particulares o con el apoyo de instituciones públicas, participen directamente en la atención de niños con VIH, integrándolos en distintos albergues o incluso creando centros especiales para atenderlos.

Aunque las campañas informativas respecto a la naturaleza de la enfermedad y sus medios de transmisión han logrado en gran medida paliar los efectos colaterales en la atención e integración de los portadores del virus, “han sido incapaces de erradicar los actos discriminatorios”. /arm/m