Para garantizar a plenitud los derechos de los niños y adolescentes es necesario elaborar un estudio estadístico para determinar el índice del ejercicio efectivo de esas garantías, planteó la legisladora Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza.

En la medida que se cuente con esos datos será posible tomar mejores decisiones de política pública, para que a partir de la evidencia sobre lo que funciona y lo que no, sea posible diseñar y mejorar programas de gobierno que garanticen a plenitud sus derechos, resaltó.

Este programa serviría también como instrumento para que las instituciones y dependencias cuenten con información y elementos para adoptar las medidas necesarias, a fin de dar cumplimiento a la legislación.

Garfias consideró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) debe realizar dicho estudio, base para la elaboración de políticas públicas que aseguren mejores condiciones de bienestar al sector contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional.

El objetivo es contar con un diagnóstico integral de las condiciones e indicadores de ejercicio efectivo de los derechos de los niños, que busca retratar el panorama general de esta población.

Dicho estudio permitirá conocer la forma en que se están garantizando o incumpliendo sus derechos humanos, a la luz del contenido de la propia Constitución, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos instrumentos relacionados con la protección infantil.

Recordó que en diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el instrumento jurídico vigente más importante para garantizar los derechos de este sector de la población, no sólo porque es enunciativa de sus garantías, sino porque define obligaciones y competencias a los tres órdenes de gobierno para hacerlas efectivas.

El análisis deberá generarse a partir de registros administrativos de la información de interés nacional sobre infancia, generada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Entre ellas se incluyen las áreas administrativas de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR), los Poderes Legislativo y Judicial, las entidades federativas, los municipios, los organismos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos federales.

La legisladora de Nueva Alianza comentó la importancia de estos instrumentos, dado que actualmente existen 43.4 millones de menores de edad, y es necesario un análisis para desarrollar mejores políticas sociales. /gh/m