La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, María Isabel Ortiz Mantilla, dio a conocer que impulsa una iniciativa que plantea prohibir obras y trabajos de exploración y explotación minera en las áreas naturales protegidas.

Explicó que la propuesta, que plantea cambios en los artículos 6 y 20 de la Ley Minera, señala que dicha industria desde el año 2000 posee 25 por ciento del país concesionado para la extracción de los recursos del subsuelo.

La iniciativa pretende modificar esos preceptos para prohibir las obras y trabajos de exploración y explotación en las áreas naturales protegidas, superficies prioritarias para la conservación y las zonas de salvaguarda establecidas en el Artículo 4, fracción XL de la Ley de Hidrocarburos.

Es decir, precisó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), lugares de reserva en la que el Estado prohíbe las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

También, aseguró que son millones las hectáreas de bosques y selvas devastadas producto de la actividad minera, afectando con ello a la fauna nativa, la pérdida y erosión del suelo y la reducción en la calidad del agua.

A pesar de promover soluciones socioeconómicas, dijo, las actividades mineras generan irremediablemente problemáticas medioambientales que permanecen, incluso, décadas después de la extracción de los recursos del subsuelo, pues emplean métodos que dejan residuos tóxicos capaces de provocar daños a la salud, los cuales se incorporan a zonas de vegetación o incluso a poblaciones.

Recordó que el informe 2012 de la Cámara Minera de México resalta la falta de atención y compromiso en 16 Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país producto de las actividades mineras.

Indicó que según datos de la página web de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, actualizada al 5 de diciembre de 2012, en México existen 176 ANP decretadas, de las cuales 120 carecen de planes de manejo.

La legisladora panista afirmó que ante la falta de normas que regulen a estas zonas, la industria minera se escuda en la compensación de los daños por medio de programas de reforestación y protección de ciertas especies que, desde la perspectiva ecológica, no tienen comparación con el desequilibrio ambiental que producen sus actividades de explotación mineral a nivel regional.

Este sector, agregó Ortiz Mantilla, excede el discurso de desarrollo sostenible y promulga el deseo de alcanzar un estado de conciliación entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual está muy alejado de la situación real en la que se encuentran los grandes yacimientos minerales.

La iniciativa turnada a la Comisión de Economía también pretende establecer que el carácter preferente de las actividades de la industria minera no tendrá efectos frente a las acciones de conservación de las áreas naturales protegidas y las áreas prioritarias para la conservación de las zonas de salvaguarda./arm/m