El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, José Guillermo Anaya Llamas, urgió a aprobar un sistema de justicia penal para adolescentes infractores, especializado y apegado a los convenios internacionales suscritos por el país.

Asimismo, se pronunció porque este sistema se apruebe antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril próximo.

También, aseguró que México está obligado a configurar un sistema fundado en el reconocimiento de todos y cada uno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Al reunirse con integrantes de asociaciones civiles, consideró que la justicia para adolescentes implica que la sociedad civil se involucre y que las instituciones otorguen una apertura para el diseño de programas que permitan crear un instrumento legal efectivo en la impartición de justicia para adolescentes.

Recordó la reforma al Artículo 18 constitucional de 2005 y los ejes que establece para la transformación de un sistema tutelar a un sistema integral de justicia para los adolescentes.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que se debe crear un sistema que responda a la aplicación de la ley por la comisión de delitos y a la vez respetar los derechos humanos.

Entre esos aspectos mencionó la edad penal obligatoria entre 12 y 18 años; especialización de autoridades; prelación de las formas alternativas de justicia en el caso de adolescentes; garantía de debido proceso y excepcionalidad del internamiento.

Las asociaciones civiles coincidieron en que es urgente la necesidad de generar una política integral que permita la adecuada implementación de la ley en una concientización entre los actores políticos y la sociedad sobre los problemas que actualmente enfrentan los adolescentes, así como las instituciones.

En el encuentro con las asociaciones civiles, se informó que sólo 14 entidades tienen una Ley de Justicia Penal para Adolescentes armonizada con el Sistema de Justicia Acusatorio y 18 entidades aún no han hecho la transición al nuevo sistema.

Subrayó que no existe una homologación de leyes estatales que dé certeza jurídica del tipo de proceso al que son sometidos los adolescentes. Duración 0’00’’, nbsg/m.