El Gobierno Federal debe presentar a la brevedad los resultados de la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), sobre la llamada “casa blanca” de la esposa del Presidente de la República, exigió el coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso.

El legislador señaló que en el marco de la renuncia del titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, por el uso de recursos públicos con fines particulares, la Función Pública está obligada a reportar las conclusiones de la investigación que abrió al respeto.

Y también debe notificar públicamente del seguimiento al presunto conflicto de interés entre la Presidencia de la República y el Grupo Higa, cuyo propietario, Juan Armando Hinojosa, tiene distintos contratos con la administración pública federal.

Al recordar que la corrupción le cuesta al país 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente 450 mil millones de pesos, el legislador del Sol Azteca insistió en que el titular de la Función Pública debe entregar a la brevedad los resultados de las indagatorias sobre la “casa blanca” de Las Lomas y otros casos de corrupción que involucran a funcionarios y dependencias federales, con el Grupo Higa.

Virgilio Andrade, titular de la Función Pública, tiene que informar públicamente si hubo o no conflicto de interés en los procedimientos de compra-venta de las casas de la esposa del Primer Mandatario y el secretario de Hacienda, realizados con el Grupo Higa, apuntó.

“Yo espero que con la renuncia del director de la Conagua, Virgilio Andrade también se vaya a fondo en el encargo que le hicieron de revisar si había conflicto de intereses o no en el asunto de la Casa Blanca y otro casos, y debe comprometerse en una fecha próxima a rendir el informe respectivo de qué va hacer y qué es lo que procede legalmente”, refrendó.

Alonso Raya subrayó que el caso CONAGUA es una muestra clara de que la ciudadanía está cansada del abuso y despilfarro de los recursos públicos, puesto que le ha retirado su confianza a las instituciones, las cuales no serán creíbles hasta que combatan a fondo la corrupción.

Calificó la renuncia del funcionario como “una victoria de la sociedad civil”, que demanda transparencia, rendición de cuentas y al denunciar el uso personal de recursos públicos, obliga al Gobierno Federal a actuar contra las corruptelas y aplicar las sanciones que prevé la ley.

“Falta mucho por hacer porque es necesario reconocer que hay un descrédito muy serio de las instituciones, entre ellas las responsables de combatir la corrupción, porque la sociedad ya no cree y no confía en ellas”, reiteró. ys/m.