La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Aleida Alavez, lanzó un llamado a conformar un frente en defensa y contra la privatización del agua, pues persiste el riesgo de que la actual Legislatura apruebe la propuesta de Ley General de Aguas.

La legisladora señaló que, aunque se evitó abordar la normatividad en el Pleno en el presente periodo ordinario, las principales fracciones parlamentarias podrían convocar a un periodo extraordinario, una vez que pasen las elecciones del 7 de julio.

Alavez Ruiz demandó desechar el documento enviado por su momento por el ahora ex titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), David Korenfeld, pues a su consideración mantiene elementos privatizadores y es muy posible que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), quieran retomar el asunto en cuanto pasen las votaciones.

Indicó que ante el paréntesis abierto por el periodo electoral, los ciudadanos no deben “bajar la guardia” sino mantenerse al tanto de cualquier intento de aprobar la normatividad.

Aseveró que solo con la movilización social podrá frenarse el intento de privatizar los servicios de agua, con lo que el derecho constitucional de los ciudadanos a tener acceso al recurso hídrico, quedaría en manos de los concesionarios.

La ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, reiteró la advertencia que de acuerdo a los términos del dictamen aprobado en comisiones, los precios por el uso de agua se encarecerían, por lo que solo las personas de alto poder adquisitivo podrían tener acceso a dicho bien.

Señaló que si la ley referida avanza, el pago por el agua aumentaría en 300 por ciento y en el caso del Distrito Federal, por primera vez los ciudadanos tendrían que pagar por el uso del drenaje, ya que por tratarse de una ley federal, ésta prevalecería por encima de lo que señale la administración capitalina y lo que determine el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), aunado a que se invadiría la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que define la política de tarifas.

Agregó que si se concreta el “albazo” anunciado, el gobierno capitalino tendría la oportunidad de impugnar la Ley General de Aguas a través de una controversia constitucional.

Con los términos de la ley, los ciudadanos que de por si reciben menos de 100 litros de agua al día para atender sus necesidades básicas de alimentación y quienes ya padecen del llamado “estrés hídrico”, verían empeorar su situación, en tanto que la normatividad habla de una cantidad de al menos 50 litros diarios por persona. ys/m.