La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime con 20 votos, la propuesta de reforma a la Carta Magna, que facultará al Congreso de la Unión a emitir una ley única en materia de justicia penal para adolescentes.

En la discusión en lo general, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Ángel Ávila, subrayó que la presencia de jóvenes en centros de readaptación no solo es una cuestión de delitos, sino que tiene que ver en gran medida con el grado de descomposición social y familiar que se vive en México.

Recalcó que la normatividad es adecuada, pero solo es el principio, pues faculta al Congreso a expedir una ley única en la materia.

Sin embargo, en cuanto el ordenamiento entre en vigor deberá aprobarse la ley respectiva y que las autoridades a nivel federal, estatal y municipal hagan lo que corresponde: colocar la atención a la juventud entre las prioridades de las políticas públicas.

“La presencia de jóvenes en los centros de internamiento y de tratamiento no es sinónimo de grado de violencia de las ciudades, la violencia en las ciudades se puede medir con muchos otros indicadores. Pero lo que si nos está evidenciando, es el grado de descomposición familiar y social que se presenta sobre todo, en este tipo de presencias urbanas. De modo que es relevante lo que hoy estamos presenciando pero solo es el principio: falta la ley”, enfatizó.

En la discusión, los legisladores dieron cuenta de que los estados con mayor número de adolescentes internados en distintos centros de readaptación, por haber cometido algún tipo de delito son Chihuahua, el Distrito Federal, Sonora, Jalisco y el Estado de México.

Puntualizaron que en el DF, hay entre 800 y 900 jóvenes y adolescentes recluidos y otros 3 mil 500 en sitios de tratamiento externo, aunque un porcentaje proviene de los estados de la República.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Alejandro Sánchez, indicó que con los cambios previstos, los juicios a menores de edad tendrán que ser orales, ya sea que estén involucrados en delitos graves o no graves.

Puntualizó que la normatividad contempla ajustes en algunos conceptos, a fin de clarificar la ley, de modo que el término “conducta tipificada como delito” y “conductas antisociales”, se denominarán respectivamente: “hechos que la ley señala como delito”.

La frase “derechos fundamentales” cambiará a “derechos humanos”; y la que reza: “para toda persona, quedará en: “para todo individuo”.

Recalcó que en cuanto el Congreso emita la ley respectiva y ésta sea promulgada, los estados tendrán 180 días para ajustar sus respectivas normas locales. ys/m.