Horacio Jiménez y Suzzete Alcántara, reporteros: El pleno de la Cámara de Diputados avaló -con 264 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención- los 58 artículos reservados de la Ley General de Transparencia y con esto fue aprobado el dictamen en lo general y en lo particular y se envió al Ejecutivo para su promulgación.

Al dictamen no se le hizo ningún cambio y se aceptaron los cambios que hicieron los senadores que no permitirán conocer información específica de la actual 62 Legislatura de la Cámara de Diputados (como las subvenciones a los grupos parlamentarios), pues en este caso entrarán en vigor las normas hasta el 31 de agosto, fecha en que concluyen sus cargos.

Esta reforma obliga a transparentar y permitir el acceso a su información a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipales.

Además, estas mismas instancias deberán proteger los datos personales que obren en sus archivos. Quedó fuera la obligación de publicitar declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y la protección a informantes.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cambiará de nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia. El nuevo instituto será cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, que se encargará de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública de transparencia. dlp/m