El grupo trabajo creado en la Cámara de Diputados para dar seguimiento al caso Tlatlaya presentó su informe final y en él hace suya la consideraciones de la CNDH en el sentido de que la tortura e intimidaciones en agravio de las victimas sobrevivientes, presuntamente por funcionarios del Gobierno del Estado de México, así como las deficiencias en la recolección de pruebas, preservación de la escena, cadena de custodia, análisis pericial y otras actuaciones en las cuales incurrieron servidores públicos del gobierno de esa entidad son “los mayores impedimentos para determinar las circunstancias de los hechos”.

Señala además que en el caso de Tlatlaya “se está en presencia de un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos de la Sedena involucrados, que tuvo como consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”.

Establece que la información entregada por la Sedena, la PGR y el gobierno del Estado de México es “notoriamente insuficiente” por lo que considera necesario hacer un llamado a dichas instancias para que faciliten la rendición de cuentas hacia el Legislativo.

La presidenta de dicha instancia, la perredista Elena Tapia, dijo que al no haber claridad en este tema pasados ya varios meses, "deja una sensación de frustración”.