Al aprobarse la Ley General de Transparencia y el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción en comisiones del Senado, "el paquete para que haya mayor certeza en el manejo de recursos públicos se está cumpliendo", afirmaron legisladores de PRI y Nueva Alianza.

El vocero del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza, apuntó que el acuerdo para sacar adelante esta propuesta fue una de las que más trabajo costó; pero lo importante es que el compromiso del Congreso de la Unión se cumplió.

En entrevista, aseguró que ahora habrá transparencia no sólo en los sujetos obligados que establece la ley, sino que ahora se incluye a personas físicas, morales, fideicomisos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones privadas.

Por lo tanto, sostuvo, es un gran avance en la lucha contra la opacidad y la falta de rendición de cuentas.

De acuerdo con Gutiérrez de la Garza, normalmente los legisladores que buscan la ley perfecta es que no quieren que haya ley.

Comentó que es una legislación que ataca un problema cuya solución venía exigiendo desde hace tiempo la población, pero hay algunos que siempre están contra todo.

El legislador priista insistió en que el Poder Legislativo y el gobierno federal cumplen su compromiso de sacar adelante la Ley General de Transparencia y sólo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, abundó, falta la aprobación de la colegisladora de la minuta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, el dictamen ya fue avalado en comisiones y se pondrá a discusión el martes próximo.

El diputado recordó que en este caso, por ser reforma constitucional, tendría que pasar por los congresos locales para su debate y aprobación, "y esperamos que la mayoría la apruebe".

Por separado, la legisladora María Sanjuana Cerda Franco expresó que los mexicanos de todos los sectores sociales hicieron patente que se había llegado a un límite en la tolerancia de actos de corrupción, abuso de poder, impunidad e inseguridad.

Por eso, dijo, es altamente positivo que se haya aprobado el decreto que expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, ya que fortalece el ejercicio del derecho ciudadano.

"La confección de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una respuesta al intenso reclamo ciudadano de transparencia, rendición de cuentas y castigo a la corrupción", subrayó.

La coordinadora de la bancada de Nueva Alianza aseguró que con dicha normatividad se empoderará a la ciudadanía, además de acercarla a las autoridades y reducir la desconfianza que se tiene hacia éstas.

Destacó que un punto relevante de la ley es que ahora los sujetos obligados deberán documentar sus acciones y no habrá justificación para que algún servidor público decrete la inexistencia de información. "Toda la información en posesión de cualquier entidad pública debe ponerse a disposición de la ciudadanía".

Es necesario destacar lo establecido en el Artículo 115 de esta ley, precisó, ya que cuando se trate de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o de actos de corrupción, no podrá invocarse el carácter de información reservada.

Este mandato, agregó, tiene suma trascendencia porque establece que ningún sujeto obligado podrá poner pretextos para hacer pública la información relativa a prácticas corruptas concretas o violaciones flagrantes de los derechos humanos.

"Así, se consolida el derecho de acceso a la información pública y se construyen las bases del Sistema Nacional de Transparencia, con una efectiva distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas", advirtió la legisladora.

Dijo que los órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos ahora tendrán que abrir su información al público, "muy relevante es que los fideicomisos y los fondos públicos también serán sujetos obligados, porque tradicionalmente han sido fuente de opacidad y encubrimiento de operaciones que despiertan sospechas de irregularidades".

Sin embargo, expuso, podrían modificarse algunos artículos para fortalecer aún más la transparencia y la rendición de cuentas, como el 72, a fin de establecer que los grupos parlamentarios sean sujetos obligados a la transparencia.

"Es indispensable que los gobernantes, los representantes populares y la propia ciudadanía se comprometan a hacer realidad los objetivos trascendentes de las reformas legales", puntualizó./gh/m