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12:47  |  21 - 04 - 2015
En agosto entrará Código de Procedimientos Penales en cuatro estados

El pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que a partir del 1 de agosto de 2015 entre en vigor en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.

 

El presidente en turno de la Mesa Directiva de la cámara, Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hizo dicha declaratoria de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimiento Penales.

 

Antes, en el pleno de la Cámara se manifestó la inconformidad de los diputados de izquierda Rafael Ladrón de Guevara y Loretta Ortiz, de Morena, así como de la perredista con licencia Aleída Alavez, por no disponer que se posicionara sobre el informe final del grupo de trabajo que investigó el caso de Tlatlaya.

 

El pleno conoció el informe final de actividades del grupo de trabajo plural para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

 

Dicho informe consta de seis capítulos y hace consideraciones de la información que recabó sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, del gobierno del Estado de México, de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría local, y de la protección y atención a las víctimas.

 

En dicho documento se precisa que a fin de garantizar el respeto a los datos confidenciales, la seguridad, la integridad y la presunción de inocencia de las víctimas y personas sujetas a proceso penal, se adoptan las claves utilizadas por la CNDH.

 

Ello, incluso en aquellos casos en que se ha difundido en medios de comunicación o por parte de autoridades la identidad de esas personas.

 

Se puntualiza que nada de lo asentado en el informe deberá interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra índole de las personas sujetas o no a proceso penal, víctimas directas o indirectas, servidores públicos o cualesquiera otras. /gh/m