La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lizbeth Rosas, lamentó que la LXII Legislatura no haya cumplido con la obligación de aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental, reglamentaria del artículo 134 constitucional.

Ante dicha omisión, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, planteó una iniciativa de Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional.

Establece que la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; y por ningún motivo podrá ser utilizada para la promoción personalizada de los funcionarios públicos, indicó la congresista.

Rosas Montero expuso que dicha norma obligará a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a ejercer de manera imparcial y adecuada el erario destinado a la publicidad oficial, sin sesgos y con igualdad con respecto a todos los medios masivos.

Recordó que en la reforma aprobada en 2007 y que contempló el mandato, hasta el momento incumplido, de reglamentar la propaganda oficial, debe avanzar a fin de evitar irregularidades en ese renglón.

Indicó que en octubre del 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrogó la norma vigente en la materia, con lo que quedó un vacío legal que promueve la falta de equidad en las contiendas electorales y violenta disposiciones constitucionales como el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.

Enfatizó que en 2007 se buscó impedir que actores ajenos a los procesos electorales, como personas físicas y morales, intervinieran de manera irregular en las elecciones, a través del uso de los medios de comunicación.

Sin embargo, la falta de una legislación específica abre la puerta al abuso y uso irregular de recursos en medios de comunicación, hecho que de acuerdo a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es aprovechado por los gobiernos de la región para incidir de manera ilegal en los comicios.

Esto, utilizando el poder y recursos del Estado, a través de la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, así como el otorgamiento de concesiones sobre frecuencias de radio y televisión con el objetivo de “presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”, refirió.

El vació legal señalado, insistió la legisladora del Sol Azteca, favorece el abuso en el gasto público destinado a la propaganda gubernamental. “Este uso faccioso de recursos públicos viola el principio de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales, así como los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información”, dijo.

Por lo anterior, enfatizó, es necesario contar con una Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, que contemple entre otras medidas, la creación de un Comité Técnico Asesor de Publicidad y Comunicación Institucional, que podrá ordenar la suspensión de la publicidad gubernamental en tiempos electorales.

Dicha instancia deberá regular adecuadamente la publicidad y campañas institucionales, así como aplicar sanciones penales, políticas y de carácter administrativo, con multas de 2 mil a 2 mil salarios mínimos a los funcionarios infractores; y de 5 mil a 50 mil salarios a los medios masivos que incumplan la ley, finalizó. ys/m.