Las fracciones parlamentarias del Partido del Trabajo (PT) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, anunciaron que solicitarán las comparecencias de los comisionados de Seguridad Nacional, de Seguridad en Michoacán y de la Policía Federal, para que expliquen ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lo ocurrido el pasado 22 de mayo en el municipio michoacano de Tanhuato.

La vicecoordinadora de contenidos del PT, Lilia Aguilar, indicó que el Comisionado Nacional, Monte Alejandro Rubido, el nuevo encargado de la seguridad en Michoacán, Felipe Gurrola; así como del responsable de la Policía Federal, Enrique Galindo, deben rendir cuentas sobre el presunto enfrentamiento que dejó como resultado al menos 43 personas muertas.

Aguilar Gil aseveró que es necesaria una investigación a fondo sobre el caso y que los funcionarios señalados hagan las aclaraciones pertinentes, pues el desempeño de las autoridades federales y locales, así como las condiciones en que se desarrollaron los hechos, fortalecen la versión de que lo sucedido en Tanhuato, fue otra ejecución extrajudicial por parte de militares y policías federales, similar a la registrada en junio del 2014, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

“No hay signos tan claros de la certeza con la que se ejecutó a los 42 y digo entre comillas ‘delincuentes’, porque tampoco tenemos certeza de quienes eran, a las 42 personas y cómo cayó el policía federal”, apuntó.

“Lo que es cierto, es que es dudoso que no hay heridos; el número de armas, solamente 38 armas consignadas, la forma en que fueron encontrados los cuerpos y sobre todo, el lugar donde se localizaron los impactos de bala. Pareciera sí una ejecución, pareciera un nuevo Tlatlaya y parecieran ejecuciones extrajudiciales”, advirtió.

Por su parte, la bancada del PRD en San Lázaro, agregó que solicitará ante la Comisión Permanente, crear un grupo de trabajo para abordar el caso.

A través de un punto de acuerdo, un grupo de diputados encabezados por el líder parlamentario, Miguel Alonso, pedirán que la Permanente de seguimiento y coadyuve a las indagatorias que sobre lo referido, ya realizan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los perredistas demandarán que ese grupo recabe información sobre las víctimas, así como autoridades federales y de estatales, conforme se requiera y se crea conveniente.

Plantearán que dicha instancia de seguimiento se conforme por un diputado y un senador de cada partido, y tenga vigencia hasta el 31 de agosto de 2015, es decir, hasta que finalice por completo la LXII Legislatura.

Recordaron que de acuerdo a informes periodísticos, en el enfrentamiento del viernes pasado habrían participado fuerzas federales y supuestos miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo anterior, luego de que en días pasados en otro incidente de violencia y confrontación entre autoridades y delincuentes, se registrara el derribo de un helicóptero del Ejército Mexicano.

“Si lo anterior hubiera sido en cualquier otro tiempo, resultaría sumamente alarmante. Sin embargo, los hechos se producen en medio del desarrollo de un proceso electoral que debe garantizar a candidatos y ciudadanos, las condiciones de normalidad democrática indispensables para ejercer con libertad el derecho a votar y ser votados, obligando a diversos candidatos a establecer una autocensura en el desarrollo de sus actos proselitistas para salvaguardar la vida e integridad propias y de sus conciudadanos”, lamentó el diputado Alonso Raya.

Al igual que la diputada Aguilar Gil, el coordinador perredista aludió a las versiones de familiares de algunos de los fallecidos, en cuanto a que el enfrentamiento más bien obedeció a una ejecución extrajudicial cometida por los elementos federales.

“Ante lo anterior, resulta indispensable que esta Soberanía coadyuve con las autoridades para que éstas puedan presentar una versión sobre la verdad histórica de lo acontecido que resulte creíble y aceptable para la población, en aras del fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y, principalmente, del ejercicio pleno de las libertades ciudadanas”, expresó. ys/m.