La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular por 406 votos a favor y 36 en contra reformas a diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Los cambios tienen la finalidad de fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula dicho esquema y al mismo tiempo potenciar las inversiones en el país.

Con ello se pretende facilitar la autorización de los proyectos de las asociaciones a dar mayor claridad y transparencia a dependencias y entidades de la administración pública que participen en ellas, al especificar y simplificar, en su caso, los requerimientos para ser autorizados de acuerdo a su fuente de recursos.

El documento avalado por el pleno en lo particular por 360 votos a favor y 59 en contra pasó a la colegisladora para su discusión, el cual indica que los proyectos que requieran recursos presupuestales federales deberán contar con un dictamen de viabilidad, registro en la cartera de inversión y autorización por la Comisión Intersecretarial.

Proyectos que requieran recursos monetarios federales distintos a los presupuestarios, apuntó, deberán contar con dictamen de viabilidad y registro en la cartera de inversión.

También, propone modificaciones y adiciones al Artículo 24 de la ley para asegurar mayor visibilidad a través del portal de transparencia y otros mecanismos, además que se rinda más información oportuna a esta soberanía, que a su vez también queda facultada para pronunciarse al respecto.

Las reformas establecen elementos que agilizan los procesos de gestión para la preparación y autorización de proyectos de asociaciones en el ámbito presupuestario.

Asimismo, reglas más claras relativas a los contratos y a su ejecución, tanto para la administración pública federal, y para los desarrolladores, al asegurar un uso eficiente de los recursos públicos.

Se consideró un mecanismo para que la Cámara de Diputados apruebe un monto máximo anual para proyectos de Asociaciones Público-Privadas, tanto para los autorizados en ejercicios fiscales anteriores como los nuevos.

Planteó que la rendición de cuentas y la transparencia contribuyen a mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público, así como dar un claro seguimiento a las asignaciones presupuestarias realizadas por el Congreso de la Unión a este tipo de proyectos.

Incluyó la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de publicar en su portal de Transparencia Presupuestaria toda la información sobre Asociaciones Público-Privadas, y rendir cuentas sobre ellas en los informes trimestrales de la Cámara de Diputados.

No prevé la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o creación de nuevas instituciones, lo que no implica un impacto presupuestario. Al hacer uso de la tribuna para fundamentar el dictamen, el diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa recordó que el 16 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Asociaciones Público-Privadas, con el objeto de crear un nuevo marco legal que incentive la inversión pública y privada en infraestructura.

Mencionó que esta ley representó un avance fundamental en la definición de regulaciones que buscan dar atención oportuna a las necesidades del crecimiento regional e impulsar el empleo, así como el crecimiento económico que se sumió con responsabilidad.

El presidente de la Comisión de Presupuesto recordó que el 8 de septiembre pasado la Cámara de Diputados recibió del Poder Ejecutivo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público y Privadas. Actualmente, dijo, los proyectos que pretenden realizar las asociaciones público-privadas deben aprobarse por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación en el mes de agosto de cada año, para después incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esto significa, explicó, que los proyectos de infraestructura bajo el esquema de asociaciones que no son autorizados en esta oportunidad deben ser pospuestos al menos en 18 meses, retrasando, a su vez, todos los beneficios derivados de esta inversión.

Por ello, comentó, con la finalidad de evitar costos adicionales a la población que espera la provisión de bienes y servicios públicos, en la propuesta se incluyó una estimación de un monto máximo anual asignado para proyectos de las asociaciones públicas y privadas en el proyecto de presupuesto, para que sea revisado y aprobado por la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, subrayó, el Ejecutivo federal incluirá en el proyecto de presupuesto un capítulo específico por sector, que contendrá el monto anual susceptible para contratar en estos nuevos proyectos de las asociaciones públicas y privadas.

Mismos, abundó, que serán autorizados por la Comisión Intersecretarial en cualquier momento durante todo el ejercicio fiscal. Ello, siempre y cuando sus requerimientos anuales, así como los proyectos anteriormente aprobados no superen el monto máximo anual asignado para los proyectos de las asociaciones públicas y privadas por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos correspondiente.

De este modo, aseguró, es posible incrementar el número de proyectos, de las asociaciones públicas y privadas, que se vinculen con los grandes objetivos nacionales contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Con ello, sostuvo, se busca facilitar la autorización de los proyectos de las asociaciones a dar mayor claridad y transparencia a dependencias y entidades de la administración pública que participen en ellas, especificando y simplificando, en su caso, los requerimientos para ser autorizados de acuerdo a su fuente de recursos.

Los proyectos que requieran recursos presupuestales federales deberán contar con un dictamen de viabilidad, registro en la cartera de inversión y autorización por la Comisión Intersecretarial, precisó el legislador priista.

Proyectos que requieran recursos monetarios federales distintos a los presupuestarios, aclaró, deberán contar con dictamen de viabilidad y registro en la cartera de inversión. Asimismo, en proyectos que no requieran recursos monetarios federales, únicamente necesitarán el dictamen de viabilidad, puntualizó.

Las reformas aprobadas a este marco legal, aseveró, establecen elementos que agilizan los procesos de gestión para la preparación y autorización de los proyectos en el ámbito presupuestario y asimismo en tiempo asegura el uso más eficiente de dichos recursos públicos.

No obstante, dijo, en asuntos de esta dimensión que involucran proyectos de gran alcance, en los que participan entidades públicas y privadas, cada uno asigna recursos, pero también toma sus riesgos. Afirmó que es importante considerar aspectos relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia, la eficiencia y la calidad del gasto.

Eso significa un paso a la productividad mayor, más corresponsables y transparente en el ejercicio del presupuesto con el cual estarán más cerca de alcanzar el verdadero potencial como sociedad y nación, concluyó. edo/m