El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, advirtió que el dictamen referente a la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, debe ser revisado a fondo y con sumo cuidado, debido a que los términos en los que se presenta, ponen al servicio de agentes privados a las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

Asimismo, sentenció el diputado del PRD, el ordenamiento abre la puerta a la formación de “guardias blancas” y la creación de grupos de “mercenarios” que vulnerarían la seguridad nacional.

Por lo anterior, Zambrano Grijalva llamó a las fuerzas políticas a revisar nuevamente y con el “rigor” debido, el dictamen de la Comisión de Justicia, al considerar que pone los intereses de particulares y empresarios privados, a los que se otorgarán contratos para explotar la riqueza energética del país.

Insistió en que la redacción del documento debe ser corregida, porque pone al Ejército, a la Marina y a la Policía Federal al servicio de empresarios privados, cuyas actividades serán clasificadas como de “seguridad nacional”,

“Con esta Ley no sólo se transgreden estos principios fundamentales, sino que también se abre la puerta para la conformación de guardias blancas y contratación de empresas de mercenarios que vulneran la propia seguridad nacional”, insistió.

El legislador de izquierda agregó que la reforma, incluye cambios a los códigos Federal de Procedimientos Penales, Penal Federal, Fiscal de la Federación y Nacional de Procedimientos Penales; al igual que a las leyes federales contra la Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio.

Al sentenciar que si se aprueba como lo avaló la Comisión de Justicia, los legisladores y los mexicanos lo lamentarán, el también presidente del Congreso de la Unión expuso que es inaceptable que las actividades energéticas de inversionistas privados, sean contempladas como asuntos de “seguridad nacional”.

Con ello, abundó, los movimientos y todo tipo de acciones de los agentes privados, tendrán un estatus que no se les debe asignar y que quedará libre de fiscalización, acceso a la información, vigilancia y rendición de cuentas.

Asimismo, calificó como inadecuado y excesivo que se equipare las protestas ciudadanas con “actos de terrorismo”, sobre todo, cuando la reforma energética permitirá que inversionistas privados y compañías extranjeras “arrasen” con la riqueza nacional y con las poblaciones donde ésta se localiza.

Al manifestar que los ciudadanos deben mantener el derecho de defender sus tierras, propiedad y sus comunidades, remarcó que el dictamen aprobado identifica los actos de protesta o resistencia, como acciones “terroristas” a las que se castigará como si se tratara de crimen organizado.

“Eso no es terrorismo. La protesta social no es terrorismo. Y por eso no podemos aceptar una asimilación de este tipo”, remarcó.

El legislador del Sol Azteca señaló que el robo de hidrocarburos es un grave problema, ya que se estima que en 2014, se presentaron 5 mil 90 denuncias por tal delito; y de enero a octubre del 2015, se registraron 5 mil 561 denuncias.

Ello aunado a que PEMEX pierde al año, debido al tráfico ilícito de combustibles, hasta 40 mil millones de pesos; sin embargo, eso no justifica que se equipare a los ciudadanos que buscarán proteger los derechos de sus comunidades y su patrimonio con terroristas; y que se permita a los inversionistas privados nacionales y del extranjero, actuar con impunidad. ys/m.