El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Omar Ortega, dijo que alrededor de 6 mil empresas de seguridad privada que operan en México operan sin permisos o regulación, por lo que pidió a las autoridades reglamentar y controlar a estas empresas para evitar abusos y actos delictivos por parte de sus elementos.

Más de 10 mil empresas de seguridad privada operan en México, pero solo mil tienen registro ante la Secretaría de Gobernación y autorización para actuar en dos o más entidades, mientras otras tres mil cuentan con permisos estatales, pero sin estar sujetas a una regulación real, dijo el legislador.

Según la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares, el total de elementos contratados por empresas tanto formales como informales duplica el número de policías estatales y federales en todo el país.

Ortega sostuvo que la multiplicación de esos prestadores de servicios evidencia la ineptitud gubernamental para asumir y cumplir sus funciones en materia de seguridad, a grado tal que, en los hechos, el Estado mexicano comparte el monopolio del uso de la fuerza con ellos.

En un punto de acuerdo, Ortega pidió a la Secretaría de Gobernación un informe al respecto, además de solicitar a las procuradurías de justicia locales, en particular las de Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México, investigar y esclarecer las situaciones de abuso protagonizadas por elementos de seguridad privada.

Subrayó que el personal de las empresas de resguardo y seguridad participa reiteradamente en incidentes en perjuicio de ciudadanos.

Como ejemplo de ello citó el reciente caso del guardaespaldas de un supuesto empresario que golpeó, amenazó y robó a un automovilista por un incidente de tránsito y que, tras ser identificado y exhibido públicamente, fue conocido como el guarura del "Lord del Ferrari", Alberto Sentíes Palacios.

"Aunque están por aclararse los antecedentes del patrón, del escolta y las causas del fallecimiento de éste, es evidente que sólo es un caso de los miles de guardias de seguridad privada, algunos incluso con entrenamiento militar en el extranjero, que actúan en territorio nacional al margen de la ley, con absoluta impunidad", puntualizó.

El legislador del PRD calificó de por sí grave que el Estado mexicano y sus órganos de gobierno sean incapaces de brindar seguridad a sus ciudadanos, y peor aún que la delincuencia le dispute y arrebate el uso de la fuerza, y cedan su atribución a particulares sin reglamentación ni control alguno. edo/m