La fracción del PRI en la Cámara de Diputados urgió a los congresos locales a homologar sus respectivos códigos civiles o familiares para prohibir expresamente el matrimonio de menores de edad.

El artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, pero 23 de las 32 entidades federativas han omitido la armonización de sus marcos legales en la materia.

Dichas entidades son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

En un punto de acuerdo propuesto por el legislador priista Francisco Saracho Navarro y suscrito por su bancada en el Palacio de San Lázaro se advierte que las leyes civiles o familiares de los referidos estados atentan no solo contra el principio pro persona, sino contra el interés superior de la niñez previsto en la Constitución Política, pues consideran la posibilidad de que los menores de edad contraigan matrimonio.

Saracho Navarro recordó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado a México asegurar la efectiva aplicación de la ley, confirmando los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, además de implementar programas de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil.

Refirió asimismo que el Ejecutivo Federal estableció la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes en enero de 2015, entre cuyos objetivos está la homologación de las leyes de las entidades federativas para prohibir las uniones conyugales de menores de edad.

Sostuvo que la celebración de esos matrimonios representa un factor determinante en los índices de maternidad en menores de edad como un problema social y de salud pública.

"Desafortunadamente, en muchas ocasiones aspectos de carácter social o cultural se basan en disposiciones legales anacrónicas; son las mismas familias o las costumbres de las comunidades indígenas, quienes empujan a sus niñas, niños o adolescentes a involucrarse en ese tipo de compromisos", dijo el legislador. edo/m