El diputado federal Omar Ortega Álvarez presentó una iniciativa de ley general de propaganda gubernamental, a fin de regular, fiscalizar y vigilar la asignación, distribución, contratación y contenidos de la comunicación gubernamental.

Su propuesta se refiere a la erogación que hagan dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno en los medios de comunicación, como prensa, televisión, radio, medios electrónicos, salas de exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública.

Explicó que la iniciativa sería reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política y se puede resumir en 10 puntos esenciales en los que se desarrollan las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

En un comunicado consideró que se carece de un marco jurídico que establezca la vigilancia y fiscalización de los gastos que se hacen en este rubro, además de que no se ha querido integrar a la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, “por lo cual el PRD la pone en la mesa”.

El también secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Palacio Legislativo de San Lázaro dijo que se prevé articular un sistema de fiscalización de los gastos que encabece la ASF, en coordinación con las entidades locales en la materia.

El fin es vigilar el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan ejercido de manera directa o indirecta los gobiernos federal y locales para gasto de propaganda y comunicación social, abundó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Se establecerían restricciones a la propaganda gubernamental para que no se incluya imagen, nombre, cargo, voz, símbolos de los servidores públicos, características personales o logros de las actividades de los servidores públicos, mensajes partidistas ni uso de colores patrios.

También a los mensajes que generen una invitación a las agresiones, a la violencia de género, a la vulneración a los derechos humanos o a la discriminación, o que pretendan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o que sean denigrantes para las personas.

Ortega Álvarez abundó que con esta ley se reconoce un nuevo ámbito de competencias, en el que la Secretaría de Gobernación administrará los tiempos oficiales en radio y televisión, y la Auditoría Superior de la Federación fiscalizaría y vigilaría su ejercicio.

Además se propone la obligatoriedad de elaborar Programas Anuales de Propaganda de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, con el propósito de que se cuente con objetivos y parámetros cuantificables de la política de propaganda gubernamental con base en los cuales se haría la programación. /gh/m