El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordoñez Hernández, aseguró que en el proceso de análisis y dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución, en materia de matrimonios igualitarios, el Poder Legislativo no cederá a presiones de índole religioso o de grupos conservadores que se oponen a este cambio constitucional.

El legislador federal comentó que la comisión que preside está en proceso de elaboración del dictamen de la iniciativa e indicó que en su momento será puesto a consideración del pleno de la comisión para su discusión.

Dijo que se prevé una intensa discusión porque este tema es polémico, sin embargo, añadió que en los hechos este derecho ya es una realidad a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los códigos civiles de los estados en los que el matrimonio es entendido como la unión entre hombre y mujer, pues tiene como finalidad la procreación.

"Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social", resolvió en junio de 2015 la SCJN.

A partir de esta resolución, apuntó el diputado, “actualmente nueve estados de la república ya modificaron sus respectivas legislaciones locales para que personas del mismo sexo puedan casarse y en el resto de las entidades, las parejas que decidan ejercer este derecho pueden optar por la vía legal para hacer valer la resolución de la Corte”.

En este sentido, Ordoñez Hernández, quien como presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en la IV Legislatura del Distrito Federal (2006-2009), condujo el proceso de dictamen de la Ley de Sociedades de Convivencia que, entre otros aspectos, otorga el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo; recordó que la Ciudad de México es pionera en el impulso de este derecho.

En este contexto, el diputado lamentó que “la cúpula de la iglesia católica se haya puesto a la cabeza de los grupos religiosos y conservadores que se oponen a esta reforma, cuando este asunto es competencia del Estado y busca garantizar un derecho humano”.

“La Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos del Estado y en la vida política del país bajo el supuesto de defender visiones morales que ya no obedecen a la realidad social”, sentenció Daniel Ordoñez.

“No se trata de apoyar o no la iniciativa del Ejecutivo Federal sino de atender constitucional y legalmente lo que socialmente ya acontece y de hacer valer un derecho individual y de un grupo minoritario”, concluyó. rrg/m