Las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados pusieron en duda que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tenga la capacidad necesaria para impedir que los centros de verificación vehicular terminen con las prácticas de corrupción.

La diputada perredista Evelyn Parra, secretaria de la Comisión del Distrito Federal, recalcó que la Profepa no garantiza una vigilancia adecuada en los verificentros, pues sobre esa dependencia pesan acusaciones de corrupción, que incluso han derivado en sanciones a distintos funcionarios por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Por su parte, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de San Lázaro y diputado del Verde, Arturo Álvarez, admitió que la Procuraduría Ambiental no tiene ni la capacidad ni el número suficiente de inspectores para supervisar la operación de los centros de verificación, que deberán ajustar su operación ante la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de la norma emergente en materia de verificación.

“Me parece que la Profepa no ha tenido la capacidad de hacerlo correctamente. Yo creo que bajo estas nuevas normas que se establecen y bajo el compromiso que tiene el Gobierno Federal, seguramente se darán mayores atribuciones y mayor presupuesto a la Procuraduría para poder llevar a cabo la supervisión”, dijo el congresista

“Pero me parece que sería muy sano incorporar un agente externo para que haga auditorías a las verificaciones que realizará la Profepa y, obviamente, para que haga auditorías aleatorias a todos los verificentros”, apuntó Álvarez Angli.

En tanto, la diputada Parra Álvarez fue drástica al señalar que a la Profepa no le interesa el medio ambiente, sino hacer negocios a costa de la riqueza natural del país, como ocurrió en los casos del malecón Tajamar, en Quintana Roo, donde se autorizó destruir una zona de manglares y cuando esto ocurrió, en lugar de actuar se justificaron los hechos.

Al considerar que el principal problema en los centros de verificación es la corrupción al momento de entregar los hologramas, la congresista señaló que antes de asignar a la Procuraduría la tarea de supervisar y revisar dichas instalaciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y los gobiernos que ésta agrupa debieron tener presente la incapacidad de esa institución.

“La Profepa no cuenta con las credenciales ni credibilidad para erradicar uno de los males que ha afectado al medioambiente en la Ciudad de México como lo es la corrupción en los verificentros, por lo que la medida de la Comisión Ambiental de la Megalópilis no da garantías para que se cumpla el objetivo de la verificación vehicular que es reducir al máximo las emisiones contaminantes de los vehículos en circulación”, sentenció.

La congresista de izquierda convocó a la CAMe y organismos ambientales, así como a los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a que se anticipen, y antes de que finalice el plazo de seis meses durante el que aplicará la norma emergente de verificación, actualicen el marco legal y las disposiciones para medir adecuadamente la emisión de contaminantes, que de acuerdo a los expertos, presentan un rezago de dos décadas, en comparación con los estándares internacionales. Duración 0’00’’, nbsg/m.