Las demandas de destituir al Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), planteadas por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa son entendibles y deberían ser escuchadas, planteó la presidenta de la Comisión Especial de seguimiento al caso en la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía.

La integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), agregó que el Ejecutivo Federal también tiene pendiente responder y dar seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En particular sobre Zerón de Lucio, Murguía Gutiérrez, señaló que de acuerdo al informe del GIEI, el funcionario realizó diligencias en la zona del río San Juan, en octubre del 2014 sin que dichas actuaciones se integraran al expediente oficial, lo que generó molestia entre los padres de los estudiantes y dudas sobre si hubo manipulación de pruebas.

Añadió que de esos sucesos, la propia PGR dio vista a la sus órganos internos, a fin de verificar si el proceder del Jefe de la Agencia de Investigación Criminal estuvo apegado a derecho.

Por tal motivo, abundó, lo conveniente sería que el funcionario de la PGR se separara del cargo, a fin de permitir que la situación se esclarezca y si actuó de manera irregular, que asuma las consecuencias.

“Es en el entendido de que en una averiguación interna que involucra a un personaje de la Procuraduría tan importante como Tomás Zerón, obviamente tendría que separarse del cargo mientras se lleva a cabo la investigación, por la influencia que puede tener en el desarrollo y en el resultado de la misma investigación”, apuntó.

“Creo que llevar una investigación con transparencia y sin la influencia de una figura tan importante como la de Tomás Zerón, actuando y operando dentro de la Procuraduría, requeriría que necesariamente él se separara, al menos temporalmente, mientras se lleva la investigación sobre su encargo”, refrendó.

En cuanto a la polémica desatada por los gastos que hizo el Estado mexicano para solventar los gastos de los expertos de la CIDH, la congresista apuntó que al ser miembro de ese organismo internacional, el país está obligado a contribuir económicamente para que cumpla sus labores; aunado a que en el convenio de colaboración firmado, así se determinó.

Recordó que el GIEI participó en las indagatorias de Ayotzinapa, por el acuerdo establecido con el gobierno de México, y por la solicitud de los padres de familia, para que la CIDH emitiera medidas cautelares en torno al caso y expertos de ese órgano internacional participaran en las labores de seguimiento.

Lamentó que pese a la decisión de la PGR, de retomar el seguimiento a los resolutivos y recomendaciones del segundo informe del GIEI, la exigencia de justicia de los familiares de los normalistas no haya sido atendida.

En cuanto al acercamiento de los diputados con los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, refrendó que se retomó su solicitud de asistir a la Cámara para exponer ante los congresistas los pormenores del caso.

El encuentro, manifestó, depende de la respuesta que otorgue la Junta de Coordinación Política de San Lázaro a la petición planteada para que los familiares de los 43 normalistas se presenten justo en el segundo aniversario de la desaparición, ocurrida entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Duración 00’’, nbsg/m.