La diputada priista Claudia Anaya Mota, propuso reformas a la Ley de Cámaras Empresariales y Confederaciones, con el fin de generar una cultura ética y de legalidad, así como de prevención de actos de corrupción.

Expuso la necesidad de que las propias cámaras empresariales sean quienes conduzcan las acciones de difusión de la cultura de la legalidad y que al mismo tiempo la propia ley les imponga la obligación de integrar un padrón con carácter público, que incluya a todas aquellas empresas que han incurrido en actos de corrupción.

De esta manera, dijo la integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se busca que los propios empresarios trabajen coordinadamente con la Secretaría de la Función Pública, para investigar y esclarecer posibles actos de corrupción, en los que participen funcionarios de gobierno y empresarios.

Explicó que, de aceptarse dicha iniciativa, también se estaría excluyendo la participación de empresarios corruptos en las cámaras y confederaciones empresariales, ya que un antecedente de esta naturaleza comprobado sería suficiente para negarle la afiliación.

Recordó que existen experiencias exitosas en países como Francia, Alemania y el Reino Unido, en donde "una vez que establecieron como parte de su agenda global, el combate a la corrupción, consolidaron reformas para combatir este flagelo y alcanzaron acuerdos y convenios locales e internacionales, con la iniciativa privada para evitar ilícitos en las transacciones y al mismo tiempo cancelar toda posibilidad de la existencia de contabilidad paralela que encubra la corrupción".

Señaló la necesidad de que el sector privado se sume a la tarea del Estado mexicano en su propósito de abatir los actos de corrupción, y con ello, impulsar el desarrollo económico y social para que se beneficie a más mexicanos.

Estableció que las cámaras y confederaciones deben actuar en congruencia con el Código de Integridad y Ética Empresarial, que suscribieron el año pasado e iniciar una campaña de concientización para erradicar prácticas de corrupción y que esto se convierta en un mecanismo para acceder a los recursos del Estado mexicano./gh/m