La facilidad para adquirir una línea de celular en la modalidad de prepago propicia que las extorsiones telefónicas se lleven a cabo desde un "implacable anonimato que no permite identificar a los responsables, quienes en muchas ocasiones se encuentran a grandes distancias de la víctima".

Así lo señaló el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz e indicó que actualmente es común observar como en tiendas de conveniencia, locales comerciales, kioscos e incluso en comercios informales o ambulantes se ofrecen tarjetas SIM y teléfonos celulares de prepago.

Con esos aparatos se pueden hacer llamadas destinadas a la comisión del delito, sin que para su adquisición se pida algún dato del comprador.

Para enfrentar esa situación el legislador priista presentó una iniciativa en la que se plantean cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con ello se busca condicionar la venta y/o activación de tarjetas SIM, teléfonos celulares de prepago o cualquier otro dispositivo vinculado a un usuario de línea telefónica, a la presentación de una identificación oficial y comprobante de domicilio que permitan recabar los datos necesarios para constituir los registros respectivos.

Así mismo para que la Procuraduría General de la República (PGR) y las locales puedan solicitar esos registros a los concesionarios para la investigación de delitos de extorsión, secuestro, amenazas y otros relacionados con la delincuencia organizada.

En la iniciativa también se propone modificar el Código Penal Federal para que las penas de prisión y multa por obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro o causando perjuicio patrimonial, se aumenten hasta un tanto más, si el constreñimiento se realiza por personal del sistema penitenciario.

Las penas se incrementarían en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica o cualquier otro medio de comunicación electrónica.

Del mismo modo, planteó adicionar un artículo al Código Nacional de Procedimientos Penales titulado "Bloqueo de Líneas de Comunicación Móvil", para que cuando exista denuncia o querella el procurador o servidor público pueda solicitar a los concesionarios o permisionarios de telecomunicaciones, la suspensión inmediata del servicio de telefonía relacionado con los hechos que se investigan.

Además, agregó, se les podría requerir la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de 90 días en los casos de delitos relacionados o cometidos con medios informáticos.

Montoya Díaz estimó necesario establecer una política de control sobre la oferta de líneas telefónicas que permita identificar a quienes cometen esa clase de delitos.

Ello, aprovechando la obligación que la fracción II del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impone a los concesionarios de redes públicas para conservar un registro de las comunicaciones, así como los datos de geolocalización de quien realiza una llamada.

El legislador detalló que los tipos de extorsión telefónica más comunes son aquellos que confunden a la víctima haciéndole creer que se trata de una venta de boletos para una rifa, la supuesta detención o secuestro de familiares y hacerse pasar por integrantes de grupos delictivos o por familiares que viven en el extranjero. /jpc/m