Con la instalación del mecanismo de seguimiento a las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que acordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno federal, se debe dar respuesta del destino de los 43 estudiantes, de los presuntos actos de tortura cometidos contra testigos clave del caso y la violación al debido proceso, señaló la presidenta de la Comisión Especial Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía.

En entrevista para MILENIO, la legisladora panista se dijo satisfecha de que se haya formalizado este mecanismo de seguimiento tras considerar que desde que el GIEI presentó su segundo y último informe de las investigaciones y salió del caso, el tema de los normalistas parece haber dejado de ser relevante en la agenda del gobierno federal.

Señaló que el seguimiento a las 22 recomendaciones que dio el GIEI podrán esclarecer muchos de los temas pendientes entre ellos los 17 casos de presunta tortura a la sometieron a los testigos clave del caso y lo principal, dijo, conocer el paradero de por lo menos 41 estudiantes.

"El GIEI hizo observaciones muy importantes: una denuncia de indicios de tortura, tratos inhumanos y degradantes por lo menos en 17 casos que documenta en un anexo de su informe y que además estos expedientes médicos fueron avalados por una asociación internacional para la protección de víctimas de la tortura en Copenhague.

"Es muy importante para el debido proceso por el riesgo que esto implica y poder llevar a cabo la conclusión de estos asuntos es que se aclare la posibilidad o no de víctimas de tortura porque estamos hablando de testigos clave de la PGR con lo cual se sustenta toda la teoría del hecho, seis de ellos por lo menos son testigos fundamentales", detalló.

Murguía añadió que otro de los temas que debe esclarecer la PGR es la actuación del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, a quien deben remover del cargo hasta que se concluyan las investigaciones, esto al recordar la visita que el funcionario hizo al río San Juan el 28 de octubre de 2014 con uno de los indiciados, Agustín García Reyes, alias, "El Chereje" sin presencia de su abogado, sin autorización del Ministerio Público y sin que esta diligencia obre en el expediente de la PGR.

Recalcó que "esto es gravísimo para el debido proceso y creo que son dos asuntos muy delicados a los que la PGR tiene que dar respuesta. Los indicios de tortura, tratos inhumanos y degradantes y las actuaciones de Tomás Zerón el día 28 de octubre en el Río San Juan, esto si pone en duda el debido proceso", recalcó. /psg/m.