La Comisión Permanente solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, implementar acciones que permitan que todas las entidades federativas cuenten con una fiscalía especializada.

Los legisladores exponen que ante la compleja incidencia que representan los delitos de carácter político-electoral en los estados del país, el objetivo es establecer mecanismos de investigación que coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales.

En su dictamen, destaca que hasta junio de 2016 sólo Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuentan con fiscalías especializadas.

Por ello, subraya, es importante garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales y supervisar que los recursos públicos federales no sean utilizados con fines políticos.

Indica que la Fepade es la autoridad encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional lo relativo a estos delitos y por tal motivo debe contar con unidades administrativas, en toda la República, que investiguen y persigan este tipo de delitos.

El documento manifiesta que se debe tener presente que el combate a la impunidad y la corrupción es una tarea que compete a todas y a todos.

Por ello, es necesario velar por el derecho de la ciudadanía de expresar con toda libertad su voluntad electoral y que la procuración de justicia ejerza con prudencia, serenidad y energía sus facultades.

Puntualiza que por ello, todas las autoridades deben asumir de manera plena la responsabilidad que la ley confiere y que a los órganos de procuración e impartición de justicia les corresponden, a fin de crear una atmosfera de seguridad jurídica. /jpc/m