Los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados harán un análisis minucioso y profundo de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, a fin de alcanzar las mejores condiciones para el país, en un entorno complejo y desafiante.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Economía del Palacio Legislativo de San Lázaro, Jorge Dávila Flores, a unas horas de que el paquete económico 2017 que propone el Ejecutivo federal llegue a la Cámara de Diputados.

Expuso que en materia de ley de ingresos se debe apoyar la decisión del Poder Ejecutivo de no proponer nuevos impuestos, que no se incrementen los ya existentes y se amplíe la deducibilidad, vía apoyos fiscales, en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El legislador federal apuntó que para ello “deberemos tener mucho cuidado en que el presupuesto mantenga el equilibrio en las finanzas públicas y se ejerza un gasto prudente y austero, pero al mismo tiempo responsable y estratégico”.

Todo ello, dijo, con el fin de que se privilegien los programas de carácter social y áreas fundamentales, como seguridad, educación, salud, combate a la pobreza, impartición de la justicia, estímulos fiscales a las empresas generadoras de empleo e impulso decidido a los emprendedores.

Agregó que coinciden con el proyecto oficial frenar la deuda pública y reducir los intereses que ocasiona, propiciando un superávit primario y un ajuste importante al gasto corriente del sector público, el cual no deberá impactar en la inversión productiva y los planes elementales de infraestructura.

Además, creemos firmemente en la responsabilidad que tenemos en la lucha contra los grandes rezagos sociales y en la necesidad de satisfacer, en la medida de lo posible, las demandas ciudadanas, sobre todo, las de los grupos más desprotegidos.

Por ello, abundó el diputado priista, “tendremos que ser muy selectivos en la distribución de los recursos con que se cuenta y afinar las prioridades; en síntesis: hacer más y mejor con menos”.

En este marco dijo que seguirán impulsando el combate a la corrupción a partir de una nueva legislación de obras, adquisiciones y arrendamientos del sector público, que blindará los contratos de malos manejos, lo que complementará al Sistema Nacional Anticorrupción. /gh/m