El PRI en la Cámara de Diputados aseguró que el gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, debe aclarar el uso de recursos públicos en un avión utilizado para viajes personales, familiares, de priistas y otros políticos.

Luego de que a través de una investigación periodística se diera a conocer que el gobierno del mandatario priista utiliza el erario para pagar un avión en el que se transportan políticos, allegados y familiares suyos, aunado a que la administración local tiene acciones en la empresa propietaria, el vicecoordinador Jorge Carlos Ramírez recalcó que todo funcionario está obligado a informar sobre el uso de recursos públicos y comprobar los mismos.

Ramírez Marín manifestó que a su parecer, el caso del gobernador Borge Angulo se debe dirimir en el orden local; no obstante, enfatizó que no debe existir ninguna reserva si se le solicita informar sobre el particular y comprobar los gastos en cuestión.

“Pero si fuera el caso a cualquier entidad federal, hicieran la revisión correspondiente, las investigaciones que se derivaran, el gobierno del estado de Quintana Roo estará obligado a dar todas las informaciones, proporcionar todas las comprobaciones que se le soliciten y, por supuesto, también, en su caso, de resultar necesario, a las responsabilidades que se deriven de eso”, remarcó el legislador.

Manifestó que el del transporte oficial no solo en Quintana Roo, sino a nivel nacional es uno de los temas que mayor regulación tienen, por lo que el caso del gobernador Borge puede ser ampliamente revisado.

“Por lo que nos pronunciamos nosotros es porque cualquier gobierno está obligado a entregar la información que se les solicite, más cuando se trate de una situación que pueda despertar suspicacias. Esperamos que el gobierno de Quintana Roo pueda resolver este asunto y dejar resueltas todas las dudas que hubieran”, externó.

Por su parte, el coordinador de la fracción del PRD, Francisco Martínez, consideró que por dicha irregularidad, el gobernador saliente debería ser sometido a juicio político.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, agregó que su bancada solicitará a la Auditoría Superior de la Federación que intervenga y determine si hubo un mal uso de los recursos públicos.

“El asunto Borge es un asunto escandaloso, por decirlo menos. Es un asunto que genera muchos comentarios, pero sobre todo, genera en la población un estado de desánimo, un estado –yo diría-- hasta de desprecio de la clase política donde vamos incluidos todos, pero sobre todo aquellos que hacen mal uso de los recursos. Desde luego que nosotros estamos en la lógica de solicitar y así lo haremos, a la Auditoría Superior de la Federación su intervención y eventuales llamados a juicio político”, recalcó.

Martínez Neri aprovechó para indicar que en la reunión de la Junta de Coordinación, se habló de la necesidad de retomar los cientos de expedientes de juicio político archivados en la Cámara y que la Subcomisión de Examen Previo, conformada por integrantes de las comisiones de Gobernación y Justicia, tiene años sin abordar.

“Pero sentimos nosotros que hay trabas sobre el particular, que no se desea que esa comisión se reúna; hay huecos que se generan para que esa reunión se lleva a cabo, esas reuniones se lleven a cabo, sabemos que efectivamente se deben a posturas del partido mayoritario”, recriminó. ys/m.