En la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños se pronunció a favor de que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y cualquier otra autoridad estatal involucrada en ilícitos o irregularidades, se aceleren y lleguen a fondo, a fin de demostrar a la ciudadanía que se aplicará la ley.

Bolaños Aguilar enfatizó que las instituciones encargadas de la procuración de justicia deben dar resultados concretos contra la corrupción y para ello debe consolidarse el Sistema Nacional Anticorrupción.

“De los casos específicos en los estados que hoy están siendo objeto de revisión, ojalá y se den pasos concretos, más acelerados en función de los términos de ley y que la gente empiece a ver que de veras aquellos que han sido señalados paguen lo que tengan que pagar, si es que son encontrados culpables”, dijo.

Cuestionado respecto a si el tratamiento a los casos de acusaciones contra mandatarios salientes de origen priista pudiese convertirse en una “moneda de cambio” en torno a la aprobación del presupuesto para 2017, aclaró que en la Cámara no habrá ninguna moneda de cambio.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Francisco Martínez, pidió que el PRI muestre sensibilidad y deje de bloquear el desahogo de las demandas de juicio político interpuestas contra Duarte de Ochoa y otros priistas. En ello coincidió el vicecoordinador perredista, Jesús Zambrano.

“El asunto de Duarte nos parece que es un tema que está surgiendo y que nos parece que debe haber consistencia por parte del PRI. Aquí tenemos un juicio político pendiente contra Duarte, yo esperaría que haya por parte del PRI la sensibilidad suficiente para que podamos iniciar ese juicio político. Hay cerca de 300 juicios políticos pendientes, uno de ellos es el de este señor, y desde luego también estaríamos viendo la situación del señor (Roberto) Borge de Quintana Roo, que tiene una situación similar. Recalcó Martínez Neri.

En tanto, los líderes parlamentarios en el recinto llegaron al acuerdo de reactivar los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo, la cual se encarga de revisar las peticiones de juicio político.

De modo que los congresistas determinaron poner en orden los más de 300 expedientes de juicio político acumulados durante los últimos años. Para ello, la Subcomisión de Examen Previo se reunirá el próximo jueves 29 de septiembre.

Al respecto, el vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez, puntualizó que sin llevar un orden específico, aunque podría ser por fecha de presentación, los congresistas primero desecharán las solicitudes de juicio que ya no tienen materia, es decir, las que han perdido vigencia o bien, el denunciado y hasta el denunciado fallecieron, y posteriormente entrará a los casos que podrían seguir vigentes.

“Es organizar, primero lo que tienen en rezago; entonces, el acuerdo es para que las comisiones a la brevedad posible se reúnan ya en la Subcomisión de Examen Previo y procedan a esta labor, que yo llamo de limpieza sobre los temas que han caducado, prescrito, inclusive fallecido o los proponentes o los señalados. Así es que, primero hay que hacer a un lado todo ese rezago y proceder a poner en orden, me imagino yo que en orden cronológico los juicios que sigan”, expuso.

El legislador planteó que al momento de instalarse, lo que ocurrió hace algunos meses, la Subcomisión de Examen Previo determino que los asuntos pendientes en cartera se analizarían de manera cronológica.

Aunque señaló que PRI no se opone a que el orden sea distinto, dijo no tener conocimiento de que alguna autoridad judicial haya pedido actuar contra el gobernador Duarte.

“Nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad, particularmente cuando se trate de solicitudes de autoridades judiciales, lo cual no ha ocurrido todavía en el caso de Veracruz. Ninguna autoridad se ha referido a esta cámara solicitándole el juicio político para ningún funcionario, todavía, excepto el gobierno de Sonora”, planteó.

En cuanto a la urgencia de la oposición por reactivar los juicios políticos y en particular los presentados contra gobernadores como el de Veracruz, el vicecoordinador priista aseveró que el abordaje a las solicitudes pendientes no es una cuestión de “sentimientos”, sino un procedimiento legal.

“Una cosa es que a los panistas les gustaría que procesáramos más rápido a los gobernadores del PRI, pues sí, nunca lo pensaron cuando (Guillermo) Padrés cometía mil fechorías, ah bueno, ahora sí hay que hacerlo. Lo que puedo asegurar es que nosotros vamos a ajustarnos a la ley y que no vamos a hacerle concesiones a nadie”, apuntó, tras garantizar que su partido no protegerá a nadie, pero tampoco atenderá los “caprichos” del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.

“Ninguna clase de protección, pero se trata de cumplir con la ley, no de obedecer los caprichos de Yunes, que ahora sí muy campante acusa a un gobernador de cosas que, independientemente de su condición de partido o de dónde venga, serán juzgadas y serán analizadas por la autoridad y, en su caso, será responsable, pero al señor Yunes, parece que se le olvida cuando él fue señalado como responsable y la protección que le dieron los gobiernos panistas”, insistió.

Reiteró que para el PRI, las indagatorias abiertas por la PGR para el caso Veracruz deben concluir y tener consecuencias y no se sabe si eso sucederá antes o después de que deje el cargo. En caso de que la PGR emita una resolución a la brevedad, indicó, el análisis de la solicitud de juicio contra el gobernador Duarte al igual que los plazos, cambiarían.

“¿El PRI si apoyaría este juicio político al gobernador Duarte?”, se le preguntó.

“El PRI va a estar a favor de cualquier solicitud fundada que haga una autoridad, no a caprichos partidistas, por más escandalosa que sea la situación de una persona. En la Cámara de Diputados se tiene que seguir el procedimiento previsto por la ley y, en este caso, si hay una solicitud de una autoridad, por supuesto que el procedimiento se abrevia”, refirió. ys/m.