El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Omar Ortega, anunció que presentará un punto de acuerdo para que la PGR remita a la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia para quitarle el fuero constitucional al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y ponerlo a disposición de las autoridades de justicia y también la Subcomisión de Examen Previo desahogue los juicios políticos que hay presentados en su contra.

En un comunicado, Omar Ortega aseguró que después de la orden de aprehensión que se giró contra Duarte de Ochoa por delincuencia organizada y lavado de dinero, es necesario retirarle la inmunidad de la que aún goza el gobernador con licencia.

El también presidente del PRD en el Estado de México, acusó que en el gobierno Federal, en el PRI, el Partido Verde y sus aliados están impulsando maniobras legaloides para dejar impune al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como a otros gobernadores y funcionarios corruptos.

Omar Ortega aseguró que el tricolor pretende hacer creer que el veracruzano ya perdió el fuero con su licencia al cargo y que, por tanto, no hay necesidad de que la Cámara de Diputados se erija como Jurado de Procedencia para retirarle la inmunidad.

El pasado miércoles, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que al solicitar licencia Duarte de Ochoa perdió el fuero y su inmunidad se le traspasó al gobernador interino, Flavino Ríos, por lo que en cualquier momento, la PGR lo puede detener.

“El fuero sigue al cargo, no puede haber dos fueros al mismo tiempo respecto de un mismo cargo. En ese orden de ideas, si el gobernador solicitó licencia y ya hubo un gobernador que protestó al cargo por el tiempo faltante, obviamente el que tiene el fuero derivado de cargo de gobernador es Flavino Ríos”, detalló.

Sobre esta interpretación, el vicecoordinador perredista acusó que si Duarte es detenido le permitiría alegar violación al debido proceso si es detenido aun teniendo fuero –aunque los priistas digan que no lo tiene­, con lo cual al final se le exoneraría, como con frecuencia hace la justicia mexicana con otros sujetos, entre ellos presuntos secuestradores, narcotraficantes y asesinos.

De este modo –puntualizó Ortega­, la afirmación de diputados priistas en el sentido de que Duarte de Ochoa ya perdió el fuero y se le puede detener podría significar, en primer lugar, un “pingponeo” de responsabilidades entre la PGR y la Cámara de Diputados, pero también una calculada violación al debido proceso para dejarle al veracruzano la alternativa de solicitar amparo por ello.

El también coordinador de Proceso Legislativo del PRD, aseguró que la tardanza cómplice de priistas y pevemistas para iniciar en la Subcomisión de Examen Previo las solicitudes de juicio político, blinda al veracruzano y evita que éste rinda las cuentas que le debe a la ciudadanía.

Con este pretexto –dijo Ortega ­, los priistas que encabezan la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional alegan que ya no hay necesidad de procesar el desafuero del presunto delincuente y con ello harían aún más tardado el desahogo de las solicitudes de juicio político y las declaratorias de procedencia, incluso hasta el término de la presente legislatura.

“De ninguna manera permitiremos eso”, dijo el también líder del PRD en el Estado de México, quien insistió en que la aplicación de la justicia no sólo implica detener y penalizar a éste y otros presuntos ladrones de recursos públicos, sino también la reparación del daño, es decir, la recuperación de lo robado porque precisamente la actuación de este tipo de funcionarios es, entre otras razones, lo que tiene en crisis al presupuesto nacional.

“No queremos simplemente que se le detenga –ni siquiera principalmente eso porque implica darle sustento y alojamiento a costa de recursos de los contribuyentes­, sino que se regrese el presupuesto público que fue indebidamente sustraído para hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales, protección civil, seguridad pública y tanto otros bienes y servicios que reclama la sociedad veracruzana, en particular la de escasos recursos, y que se haga justicia ante todas las víctimas de la violencia que desató durante su mandato”.

“Por eso quienes dirigen la PGR, la Subcomisión de Examen Previo y la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional, cada cual en el ámbito de sus competencias, deben actuar con el máximo profesionalismo y apego a la legalidad; abstraerse del “circo tricolor” en que pretenden convertir la cacería del presunto delincuente prófugo; someterlo al proceso de desafuero a la brevedad posible, detenerlo y encarcelarlo junto con sus cómplices, y finalmente recuperar el recurso que indebidamente sustrajo con sus secuaces para canalizarlo a lo que originalmente fue presupuestado”, dijo Ortega Álvarez. /psg/m.