La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la Cámara de Diputados propuso “elevar a rango de ley” la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), adscrita a la Procuraduría General de la República.

La diputada promovente, Maricela Contreras, señaló que el objetivo es darle independencia y autonomía tanto técnica como operativa a esa instancia.

Contreras Julián dijo que la Fepade es un organismo que debe contribuir, en términos reales y en mayor medida, a fortalecer las instituciones, garantizar el equilibrio de poderes; así como defender la legalidad, equidad y transparencia en las elecciones, por lo que es preciso dotarla de autonomía.

Señaló que dicha instancia depende de la Procuraduría General de la República (PGR) y no tiene capacidad para investigar hechos de corrupción, cuando se requiere una Fiscalía fuerte y con facultades amplias.

Indicó que al discutir reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, la cual forma parte de la PGR pero aún no tiene titular, no se quiso dar una categoría similar a la Fepade.

Lo anterior, con el argumento de que se ocupa de delitos electorales y no de casos de corrupción, aunado a que los recursos ilícitos involucrados en procesos electorales “en muchos casos” no provienen de ese tipo de conductas, recriminó.

“Se dio un trato desigual a la Fepade negando la funcionalidad, sin otorgar la independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia electoral. También se le cerró la posibilidad de contar con una estructura dentro del territorio nacional para el seguimiento de las investigaciones y, lo más grave: se limitó que investigue los casos de corrupción que tengan que ver con los procesos electorales”, insistió.

Señaló que por ello, propuso modificar la Ley Orgánica de la PGR, a fin de reconocer la “independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y perseguir delitos electorales en los términos de la ley general correspondiente”.

Dicha instancia, abundó deberá contar con personal directivo, administrativo y auxiliar; contará con una unidad de capacitación para profesionalizar a los Agentes del Ministerio Público y personal técnico jurídico; y con unidades regionales en distintos puntos del país.

Podrá auxiliarse con el organismo competente en materia de Servicios Periciales y Forenses y el titular propondrá su propio proyecto de presupuesto.

Tendrá la capacidad de conocer sobre los delitos electorales; atraer para investigar y perseguir delitos del fuero común asociados a la materia de su competencia; nombrar y remover a los titulares de sus unidades especiales y direcciones generales; así como aprobar el nombramiento de agentes del Ministerio Público especializados en delitos electorales.

Diseñar programas y políticas de capacitación a su personal, así como para prevenir y combatir delitos electorales; coordinarse con otras instituciones de la Federación; entregar un informe anual al Senado de la República; y contar con un sistema de información nacional en materia de delitos electorales, entre otras facultades, planteó la legisladora. /psg/m.