En la Cámara de Diputados, los cambios hechos por el Senado de la República a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas no generaron consenso, por el contrario, provocaron la preocupación de los integrantes de la Comisión Especial contra la Trata de Personas.La diputada presidenta e integrante de la bancada del PRI, Julieta Fernández, puntualizó que lo avalado por los senadores, en especial lo referente a los tipos penales, representa “un peligro” y podría derivar en una mayor impunidad, ya que abre la puerta a que 600 acusados por ese delito puedan quedar en libertad.Esto, debido a que las circunstancias en que cometieron el ilícito, no cuadran del todo con la tipificación definida por los colegisladores, explicó.“El artículo 10, que es el tipo penal, en este tipo penal se tienen que cumplir tres supuestos. El primero es que la persona traslade o enganche o encierre a otra persona, la prive de su libertad; el segundo es que sea con fines de explotación, y el tercero que lo haga a través de los medios comisivos, que son amenazas, seducción o engaño. Si estos tres no se cumplen entonces, definitivamente, no puede ser procesado el delincuente”, alertó.A modo de ejemplo, explicó lo que sucedería con un sujeto que traslada con fines de trata a mujeres a la frontera u otros puntos del país, pero no necesariamente las amenaza ni maltrata; así como con sus cómplices.“Una persona que traslada a 10 mujeres en su camioneta a la frontera, probablemente sí las trasladó, sí con fines de explotación, pero no las amenazó, ni las engañó, entonces no va a caer preso. La cabeza de la organización tampoco va a caer presa con este tipo penal, porque definitivamente no hay contacto con la víctima, no hay amenaza, no hay engaño, y entonces también podría zafarse de la ley”, alertó.Al recalcar que por ello la Comisión Especial a su cargo emitió una opinión negativa sobre la minuta proveniente del Senado, la diputada Fernández Márquez subrayó que la propuesta de ajustes es “frágil” y tiene “errores y lagunas” que podrían ser aprovechadas por los defensores de los acusados de trata, para poner en libertad a sus clientes.Durante un foro organizado en la Cámara de Diputados sobre la Ley General de Víctimas, la congresista insistió en que los tipos penales propuestos por los senadores, posibilitarían la evasión de la ley.Indicó que la ley en cuestión “no es de lo mejor” y manifestó su confianza en que al dictaminar, las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia tomen en cuenta la opinión negativa de la Comisión Especial.Añadió que el delito de trata es grave y debe penalizarse del modo adecuado. Recordó que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México cada año se registran 20 mil casos de trata de personas, pero las cifras no son precisas y a ello se suma que en los estados de la República no se ha legislado al respecto.En cuanto al Fondo para las Víctimas de Trata, hizo notar que los senadores eliminaron ese instrumento de la ley, cuando hay miles de víctimas que requieren acceder a la reparación de daño. ys/m.

En la Cámara de Diputados, los cambios hechos por el Senado de la República a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas no generaron consenso, por el contrario, provocaron la preocupación de los integrantes de la Comisión Especial contra la Trata de Personas.
La diputada presidenta e integrante de la bancada del PRI, Julieta Fernández, puntualizó que lo avalado por los senadores, en especial lo referente a los tipos penales, representa “un peligro” y podría derivar en una mayor impunidad, ya que abre la puerta a que 600 acusados por ese delito puedan quedar en libertad.
Esto, debido a que las circunstancias en que cometieron el ilícito, no cuadran del todo con la tipificación definida por los colegisladores, explicó.
“El artículo 10, que es el tipo penal, en este tipo penal se tienen que cumplir tres supuestos. El primero es que la persona traslade o enganche o encierre a otra persona, la prive de su libertad; el segundo es que sea con fines de explotación, y el tercero que lo haga a través de los medios comisivos, que son amenazas, seducción o engaño. Si estos tres no se cumplen entonces, definitivamente, no puede ser procesado el delincuente”, alertó.
A modo de ejemplo, explicó lo que sucedería con un sujeto que traslada con fines de trata a mujeres a la frontera u otros puntos del país, pero no necesariamente las amenaza ni maltrata; así como con sus cómplices.
“Una persona que traslada a 10 mujeres en su camioneta a la frontera, probablemente sí las trasladó, sí con fines de explotación, pero no las amenazó, ni las engañó, entonces no va a caer preso. La cabeza de la organización tampoco va a caer presa con este tipo penal, porque definitivamente no hay contacto con la víctima, no hay amenaza, no hay engaño, y entonces también podría zafarse de la ley”, alertó.
Al recalcar que por ello la Comisión Especial a su cargo emitió una opinión negativa sobre la minuta proveniente del Senado, la diputada Fernández Márquez subrayó que la propuesta de ajustes es “frágil” y tiene “errores y lagunas” que podrían ser aprovechadas por los defensores de los acusados de trata, para poner en libertad a sus clientes.
Durante un foro organizado en la Cámara de Diputados sobre la Ley General de Víctimas, la congresista insistió en que los tipos penales propuestos por los senadores, posibilitarían la evasión de la ley.
Indicó que la ley en cuestión “no es de lo mejor” y manifestó su confianza en que al dictaminar, las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia tomen en cuenta la opinión negativa de la Comisión Especial.
Añadió que el delito de trata es grave y debe penalizarse del modo adecuado. Recordó que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México cada año se registran 20 mil casos de trata de personas, pero las cifras no son precisas y a ello se suma que en los estados de la República no se ha legislado al respecto.
En cuanto al Fondo para las Víctimas de Trata, hizo notar que los senadores eliminaron ese instrumento de la ley, cuando hay miles de víctimas que requieren acceder a la reparación de daño. ys/m.