Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales analizarán la iniciativa relativa a modificar la Constitución Política para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, informó su presidente, Guadalupe Acosta Naranjo.

La propuesta que impulsa la diputada panista Guadalupe Murguía Gutiérrez consiste en transformar a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el instituto nacional de ciencias forenses.

Este instituto sería un órgano con autonomía técnica para trabajar con las procuradurías de justicia y fiscalías de los estados, explicó.

A su vez la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) reveló que basó su iniciativa en las experiencias exitosas que han tenido otros países como Colombia, Argentina y Guatemala al dotar de autonomía a sus órganos periciales.

“Podemos afirmar entonces que con la creación del instituto nacional de ciencias forenses, coadyuvaremos a generar un mayor grado de imparcialidad y transparencia en la emisión de los dictámenes periciales, lo que brindará confianza a los ciudadanos, además de que se proporcionará al juzgador las herramientas necesarias para resolver con mayor apego a la verdad”, expuso.

En la argumentación de la iniciativa, la legisladora indicó que de aprobarse esta reforma, México cumpliría con los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal y atendería las recomendaciones emitidas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Se debe considerar que con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, es impostergable contar con servicios periciales y forenses autónomos e independientes, rigurosamente capacitados y certificados, bajo los más altos estándares internacionales”, señaló la legisladora.

Abundó que en las recomendaciones que han hecho los organismos internacionales, se destaca que 98 por ciento de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver y que la mayoría no son nunca investigados.

“Hoy la población desconfía del policía, del Ministerio Público o fiscal, del juez y hasta de los tribunales. Los familiares de personas desaparecidas realizan sus propias investigaciones y se organizan para apoyarse mutuamente, ante la inactividad de las autoridades”, agregó. /gh/m