Ante el malestar social que se vive por el aumento a los combustibles es riesgoso debatir sobre la Ley de Seguridad Interior que puede abrir una puerta a la represión militar, consideró el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda.

El legislador perredista, señaló que discutir la participación del Ejército en materia de seguridad pública en este momento es “muy delicado”, pues podría abrirse la puerta a la represión militar en contra de las manifestaciones de descontento no sólo por el “gasolinazo”; sino por la política económica en general implementada por el gobierno federal.

Sostuvo que una intervención militar en contra de las protestas populares y pacíficas por las decisiones de la actual administración pública, sería tanto, “como echarle gasolina al fuego” explicó que el descontento emerge de los efectos acumulados de una política económica que por más de 30 años debilitó la base del aparato productivo nacional, incrementó la pobreza, provocó la desigualdad extrema y descomposición del tejido social.

El diputado pidió diferenciar entre la movilización social en contra del alza a la gasolina y el diésel y los actos vandálicos suscitados en tiendas departamentales, porque dijo: “éstos últimos están claramente organizados y manipulados para crear un clima de incertidumbre y miedo entre la población, y con ello justificar la represión contra quienes expresen su descontento contra el actual régimen”.

Por ello, pidió al PRI no sólo revisar con seriedad la posibilidad de realizar un periodo extraordinario para dar marcha atrás a los gasolinazos; sino frenar su intención de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyo fin, dijo, pareciera, no es sólo regular la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco para ejercer la represión.

Ante el anuncio de que el próximo martes habrá reunión de diputados y senadores para iniciar la revisión y el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, el diputado federal dijo que es inadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario para tratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor para sacar adelante dicha legislación.

Subrayó que cualquier reglamentación que se pretenda hacer para normar la participación del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas. /psg/m.