Al modificar la ley laboral y facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a actualizar las tablas de enfermedades y de valoración de incapacidades permanentes por padecimientos asociados al trabajo, no se estableció que un trabajador que enferme o se accidente al ejercer sus funciones recibirá solo 50 por ciento de su salario, aclaró la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián.

En medio de la polémica generada alrededor de esa decisión, la congresista puntualizó que su bancada no anunció que un empleado podría perder la mitad de su sueldo si enferma o sufre percances por realizar su trabajo.

Lo que se advirtió, es que dejar en manos del patrón, la autoridad federal y las cúpulas gremiales la decisión sobre cuáles son las enfermedades de trabajo y qué tipo de accidentes merecen incapacidad permanente, abre la puerta a que se privilegien intereses económicos por encima de la salud y los derechos de los trabajadores.

Explicó que los diputados aprobaron sacar de la Ley Federal del Trabajo la tabla de enfermedades causadas por esa actividad aunado a que no será el Legislativo el que defina ese listado, sino la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que lamentablemente opera igual que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

Al permitir que las autoridades federales, el sector patronal y la cúpula sindical “charra” decidan qué tipo de enfermedades o riesgos de trabajo deben ser compensados con incapacidad permanente, dijo Damián González, se les convierte en juez y parte, lo que deja en desventaja al trabajador.

“Lo que hicieron fue sacar la tabla de la ley y fue quitar al Congreso de la determinación de la lista de enfermedades que se van a incluir en esa tabla. Y le deja la responsabilidad a la Secretaría del Trabajo elaborar la tabla, y la tiene que aprobar la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esa Comisión es el problema”, porque actúa del mismo modo que la Conasami y los salarios mínimos en lugar de mejorar, han perdido más del 70 por ciento de su poder adquisitivo.

Subrayó que las tablas en cuestión sin duda deben actualizarse, pues están vigentes desde el año de 1970; aunado a que así se convino desde la reforma laboral de 2012, solo que esa responsabilidad no se cumplió.

Insistió en que acotar los listados referidos atendiendo el interés del patrón de reducir costos y de no compensar debidamente a aquellos que enfermen o se accidenten en el trabajo, es lo que sin duda, apuntó, representa un riesgo para los derechos de los trabajadores.

“Por eso es que yo dije que son los empresarios los que están definiendo a final de cuentas, van a decir que no, que es tripartita, que los trabajadores están ahí representados, pero no han defendido a los trabajadores. Ese es el riesgo que se corre, ese es el problema real. Creo que hubo una mala interpretación del discurso”, apuntó.

Decir que un empleado perderá la mitad de su sueldo en caso de enfermedad o accidente, no es correcto.

“No, no es correcto, es siempre y cuando su enfermedad no quede en esa lista, pero aquí el riesgo es que en lugar de que sea una lista aprobada por los especialistas o bien por el Congreso, no debería ser un arreglo obrero-patronal, es un problema de salud pública”, remarcó.

La otra parte del problema, dijo, es que las empresas pagan cuotas a las instituciones de seguridad social por incapacidades, sean por enfermedad y riesgos de trabajo; de ahí el interés de no reconocer los hechos cuando se presenten, a fin de evadir responsabilidades y aminorar costos.